El canciller venezolano, Elías Jaua Milano, declaró este sábado que el sistema interamericano de derechos humanos debe rectificar y colocarse al servicio de los pueblos, no de los poderosos de América Latina.
“No somos nosotros los que tenemos rectificar como piden algunas organizaciones de derechos, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y es el sistema el que tiene que rectificar y colocarse al servicio de los pueblos y no de los poderosos de América Latina”, señaló, al terminar la reunión del consejo político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), institución que respaldó este sábado la decisión venezolana de retirarse del sistema interamericano.
Jaua argumentó que “hasta tanto no haya una transformación integral del sistema interamericano de derechos humanos Venezuela no volverá a permanecer en el”, aseveró.
En abril del 2012, el Comandante Hugo Chávez anunció la salida de Venezuela de la CIDH, previo estudio del Consejo de Estado, al considerar que esta instancia es un brazo de los Estados Unidos para atacar a Venezuela.
El escritor y abogado, Luis Brito García, quien ha hecho seguimiento a esta institución, recordó, en una entrevista con Venezolana de Televisión en mayo del año pasado, que la CIDH “no movió ni un dedo para expedir una medida cautelar cuando el Presidente Chávez fue secuestrado por golpistas fascistas. Nada hizo cuando el presidente Manuel Zelaya fue secuestrado. Cuando el presidente Rafael Correa fue secuestrado tampoco movió un dedo. Cuando Correa ganó legítimamente una demanda contra monopolios comunicacionales que lo calumniaron, allí sí salió la Comisión a pedir que los perdonara”, dijo.
En julio de 2012, Chávez fustigó al organismo tras su fallo en relación al caso de Raúl Díaz, autor de los ataques terroristas contra el Consulado General de Colombia y la Oficina de Comercio de España, perpetrados en Caracas en 2003.
El 29 de abril de 2008 fue condenado por la justicia venezolana a nueve años y cuatro meses de prisión “por los delitos de intimación pública, daños a la propiedad pública y lesiones leves”.
En septiembre de 2010 se fugó del país hacia Miami, Estados Unidos, con ayuda de organizaciones de derecha, para pedir asilo “político”.
El fallo de la CIDH del 20 de julio de 2012 acusa al Estado venezolano de ser “internacionalmente responsable por la violación del derecho a la integridad personal y por los tratos inhumanos y degradantes en perjuicio del señor Raúl José Díaz Peña”.
AVN