¿Qué razones hay para no pensar que la “revolución”, al retirarse este 10-S de la Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH), no sea para seguir violando a la Constitución en detrimento de la democracia, la pluralidad de pensamiento y la libertad de los medios de comunicación? La Carta Magna, en su Art. 2, insiste que: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.” Entonces, ¿por qué los rojos descartan la democracia, la preeminencia de los derechos humanos y el pluralismo político?
La CADH, como toda institución defensora de derechos humanos, nace del legado de hombres visionarios, procedentes de todos los países de Las Américas que buscan mejorar las condiciones de justicia de todas las personas. Por ello, el articulado de la CADH, en su Art. 1, de la “Obligación de Respetar los Derechos”, en sus dos numerales, destaca: “1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.”
Si existen estos organismos internacionales, es porque hay precedentes históricos contra los derechos humanos en el continente. La experiencia dice, que ningún gobierno, por muy democrático o socialista que diga ser, puede garantizarlos a plenitud. Mas, Venezuela no es la excepción. Ahora, los venezolanos tienen razones más poderosas para desconfiar. Hay evidencias de que la “revolución” empezó por violar a su propia hija constitucional, en contra de personas desde 1999. Además, los últimos acontecimientos políticos contra líderes de oposición y medios de comunicación las profundizan.
En consecuencia, si a la “revolución” no le da por clausurar a las ONGs pro derechos humanos, tal como lo hiciera el gobierno sirio de Bashar All-Assad, estas tendrán como último recurso, acudir a la ONU y a Mercosur.
Víctor Vielma Molina/Educador/[email protected]