Durante una asamblea con los vecinos de las Minas de Baruta, el candidato a alcalde José Jota Contreras, se comprometió a luchar sin descanso para reducir sensiblemente los índices de criminalidad en el Municipio.
El abogado penalista realizó una asamblea en la populosa zona del este de la ciudad, donde se discutieron abiertamente los problemas que tiene ese sector con bandas criminales, y traficantes de drogas, y la poca efectividad que han tenido los operativos que esporádicamente realiza la policía municipal.
“Erradicar la inseguridad es mi primera, segunda y tercera prioridad. Tengo el firme propósito de llevar un plan de seguridad para devolver la tranquilidad a los baruteños, que contará con los mejores asesores nacionales e internacionales para atacar, de forma integral, la delincuencia”, destacó.
Explicó que la inseguridad ataca por igual a todos los estratos sociales, pero son los más humildes, los que la sufren más de cerca.
Además criticó los altos índices de impunidad que existen en el sistema judicial y el estado deplorable de las cárceles y albergues juveniles en el país.
Considera que la gestión de la ministra de Asuntos Penitenciarios no solo fracasó, sino que ha elevado los crímenes dentro y fuera de los recintos carcelarios al otorgar medidas de libertad a peligrosos delincuentes solo para descongestionar la infraestructura carcelaria.
Se hizo eco de una denuncia que le van comentado los vecinos, sobre quintas que habían estado abandonadas donde a instancias del gobierno resguardan a expresidiarios.
“Por el contrario, los delincuentes deben permanecer en estructuras adecuadas que impidan que puedan seguir haciendo daño a los ciudadanos. Voy a proponer ante la Asamblea Nacional una discusión abierta sobre el tópico, y que se analice la posibilidad de reformar las leyes para que aquellos delincuentes que cometan crímenes atroces, nunca más puedan salir en libertad, elevando las penas máximas a 70 años de cárcel”
Contreras considera que el Estado Venezolano debe también dar muestras de tener verdadero interés en proteger al ciudadano, más allá de actos politiqueros. Hay que contar con un sistema judicial y penitenciario que funcione. Hemos visto con preocupación cómo, el sistema judicial, se utiliza frecuentemente como herramienta política, dejando de lado su verdadera función de sancionar los delitos para que los ciudadanos de bien tengan la seguridad que el Estado venezolano tiene la obligación de ofrecerles”.