El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) inició este jueves la audiencia oral y pública a la diputada por el estado Monagas María Aranguren, ante la solicitud de antejuicio de mérito solicitada por la Ministerio Público. Globovisión
En la audiencia, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, explicó que de acuerdo con una investigación preliminar adelantada por los fiscales del Ministerio Público surgieron elementos que comprometen la responsabilidad de la diputada en la comisión de los delitos peculado doloso, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
El delito de peculado doloso está previsto en el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción, mientras que los de legitimación de capitales y asociación para delinquir están establecidos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, explicó Ortega Díaz, durante la exposición del caso ante la máxima autoridad del TSJ, Gladys Gutiérrez.
Dijo que los hechos por los cuales que se solicita el antejuicio de mérito es en relación a una empresa que fue constituida por el exgobernador de Monagas, José Gregorio Briceño Torrealba. Acotó que la diputada para ese entonces era la encargada de administrarla.
“Esta fue una empresa constituida para incurrir en delitos”, aseveró la Fiscal General ante la sala plena del TSJ.
En los registros legales, según la Fiscal, el tiempo de vida de la empresa fue establecido a 50 años. “Solo duró 8 meses y fue liquidada por un decreto del propio gobernador”, precisó Ortega Díaz. La fiscalía presume que la empresa se usó para hacer acciones irregulares en detrimento del patrimonio público.
Ortega Díaz expresó que con esta empresa se cometieron muchas irregularidades desde su creación, pues mencionó que esta administradora nunca fue autorizada por el Consejo Legislativo del estado Monagas.
La fiscal general detalló en su exposición que el capital de esta empresa era de 10.000 bolívares. Sin embargo, su presidenta, María Mercedes Aranguren, en nombre de la compañía inmobiliaria, suscribió contratos por más de 3 millones de dólares.
“Solicito justicia a la brevedad”, fueron las últimas palabras de la Fiscal al concluir su exposición de motivos.
Implicaciones del caso
A juicio de la diputada María Mercedes Aranguren, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de admitir un antejuicio de mérito en su contra es parte de un “cronograma” para aprobar la Habilitante.
El proceso judicial en contra de la parlamentaria cobra importancia ante el escenario de la discusión del proyecto de Ley Habilitante solicitado por el presidente Nicolás Maduro. Para la aprobación de la ley, que le otorgará poderes especiales al Ejecutivo, es necesario la aceptación de las tres cuartas partes de los integrantes del Hemiciclo. La cifra se traduce en 99 diputados a favor del proyecto.
La diputada denunció en días pasados que el Partido Socialista Unido de Venezuela intenta comprar a su diputado suplente, Carlos Flores, para tener el parlamentario 99.
De acuerdo a las declaraciones de la parlamentarias, para ella el caso del allanamiento forma parte de una presión política para lograr el objetivo de la Habilitante y así poder negociar con su diputado suplente, Carlos Flores, para convertirlo en el “diputado 99”.