Con prisa y sin pausa. Tras la autorización ayer en la Asamblea Nacional de la Habilitante, el presidente Nicolás Maduro estrenará hoy sus poderes para legislar y lo hará con un instrumento jurídico crucial en materia de economía. Para este miércoles tiene prevista la promulgación de la ley de costos, ganancias y precios Justos. Así pretende hacerle frente a lo que denomina “la guerra económica”, publica La Verdad.
Por Daniela García/ [email protected]
“Apenas amanezca, saldrá esa ley”, adelantó el mandatario ayer, en la víspera de la aprobación de poderes especiales por parte del Parlamento. Con la regulación el jefe del Ejecutivo espera reforzar los controles en materia de fijación de precios por parte de las empresas privadas, a las que les endosa la responsabilidad de la crisis que existe en el país, donde la inflación acumula 45,8 por ciento en el transcurso del año.
Con la normativa en materia de costos, ganancias y precios justos, el Presidente espera fijar entre 15 y 30 por ciento el margen de utilidad de todas las compañías, a las cuales acusa de “usura” y “especulación”. La regulación estará acompañada de una ley de comercio exterior, con la que se centralizarán las importaciones de rubros y se reforzarán los controles en la entrega de divisas.
Voceros oficiales adelantaron que la fórmula que aplicará el Gobierno será revisar los costos de los productos importados con base en el tipo de cambio oficial, los gastos por la nacionalización de los mismos y las implicaciones desde el punto de vista de la fuerza de trabajo necesaria; para sobre eso considerar un margen de ganancia que será desde 15 hasta 30 por ciento.
Implicaciones
Para Alfredo Gordon, economista, el método que pretende implementar el Ejecutivo es “simplista”, pues no incluye todos los elementos que influyen en los costos de las empresas, como fletes marítimos, seguros internacionales, gastos en instalaciones portuarias, transporte terrestre, impuestos, entre otros. Agrega que para establecer un justiprecio real, se deben considerar todos los añadidos, para sobre fijar una rentabilidad.
El economista indica que desde ya el mecanismo ideado por las autoridades luce poco exitoso, en función de que se prevé un margen de utilidad con mínimos y máximos para todas las compañías. Recuerda que no todas las organizaciones son iguales, independientemente de que se encuentren en el mismo sector y ofrezcan productos y servicios similares.
Alberto Castellano, profesor de la Universidad del Zulia, coincide en que los gastos de las empresas difieren entre sí, inclusive cuando se encuentran dentro de la misma área. “Existe una complejidad para establecer porcentajes base o tope de ganancias, ante las variaciones de las estructuras de costos”. Agrega que otro inconveniente para el Estado será fijar la rentabilidad que le corresponde a cada persona jurídica del país.
“Venezuela tiene una alta inflación, que afecta tanto a los consumidores, como a los productores y comerciantes. Mientras exista esa variable tan volátil, sin duda resultará muy difícil fijar ese margen. A un organismo centralizado le será muy cuesta arriba tomar en cuenta todas las ganancias. Ciertamente existen casos de especulación y acaparamiento que deben atacarse, pero no se presentan en todas las empresas”.
El analista indica que aunque las autoridades deben revisar los casos de irregularidades, es imprescindible que analicen los problemas de base de la economía, que a su juicio son resultados de las políticas públicas. “Es necesario frenar la inyección exagerada de liquidez, que presiona la inflación; para eso hay que reformar la Ley del Banco Central de Venezuela, para evitar que siga financiando a los entes públicos”.
Lo que viene
Se espera que el Gobierno también promulgue hoy la ley de comercio exterior, con las que se centralizarán las importaciones y se reforzarán aún más los controles en materia de asignación de dólares oficiales.
Para el jueves o viernes se tiene prevista la apertura de un “registro único de pequeños y medianos comerciantes”, los cuales tendrán que especificar los productos que ofrecen, así como detallar quienes son sus proveedores. El presidente Nicolás Maduro argumentó que el sistema buscará proteger a los microempresarios “de los mayoristas” y beneficiarlos con “créditos e inversiones”.