Lapatilla
Es un acto inconstitucional que se pretenda despojar a los valencianos de su teatro municipal, de la plaza de toros y del parque recreacional sur. Evidentemente es atentatorio contra la voluntad del pueblo, que se expresó el 8 de diciembre eligiendo a Miguel Cocchiola como alcalde para que Valencia cambiara.
Detrás de toda esta maniobra está un gobernador que no pudo convertir a su pupilo en alcalde, y que en un arrebato de desespero intenta promover una autoridad única para que se ocupe de las funciones propias de un alcalde, como si tales competencias no fueran reserva legal, tal como lo establece la constitución y las leyes. Tal acción no puede ser catalogada de una manera distinta a la de un atentado a la constitución auspiciado desde el alto gobierno. Los valencianos debemos y tenemos que reaccionar. Ya basta de atropellos y quedarnos tranquilos como si nada hubiese pasado. Se burlan del soberano, y ante esa burla la reacción enérgica mediante la protesta civilizada no debe hacerse esperar.
Pero hay algo más grave aún, pues el decreto presidencial n° 665 publicado en la Gaceta Oficial 40.313, mediante el cual el Teatro Municipal de Valencia será custodiado, protegido y administrado por el Ministerio de la Cultura, es manifiestamente contrario a derecho, es a todas luces confiscatorio. El Teatro Municipal es propiedad de la ciudad de Valencia desde el año 1894, cuando el general Joaquín Crespo lo dona a la municipalidad de Valencia. Desde entonces es llamado Teatro Municipal de Valencia.
El gobernador de Carabobo, que hace alarde de ser un hombre con raíces valencianas avala estos desafueros y se convierte en un traidor a Valencia, pues permitiría que el patrimonio valenciano sea dirigido y decidido desde el alto gobierno.
@pabloaure