El colectivo de presos de ETA ha emitido un comunicado en el que reconoce el “daño causado” con sus atentados, acepta la legislación penitenciaria española y da libertad a los reclusos para que inicien una vía individual para acelerar su salida de prisión, según un comunicado difundido el la página web naiz.info, versión digital del diario Gara. Esta decisión, hecha pública dos años y dos meses después de que la banda decidiera dejar las armas, supone un significativo salto en las posiciones del monolítico bloque de presos de la banda -unos 600 entre España y Francia, fundamentalmente-, que hasta el momento rechazaba aceptar la política penitenciaria, el reconocimiento del daño causado así como que los reclusos decidieran de forma individualizada sobre su situación carcelaria y aceptaran los beneficios que ofrece la legislación. Los presos subrayan que se comprometen a utilizar “cauces legales, aun cuando ello conlleve la aceptación de la condena”.
Los reclusos toman esta posición unilateralmente, pero introducen varios matices en su texto, como el reclamar su propia “dignidad” o al utilizar la palabra “multilateral”. “Reconocemos con toda sinceridad el sufrimiento y daño multilateral generados”, dicen en la declaración. Con la palabra “multilateral”, los reclusos recogen el lenguaje habitual de ETA sobre los efectos sobre el mundo de la izquierda abertzale ha provocado la política de dispersión de los presos por las cárceles de España y la lucha contra la banda, es decir, el supuesto daño que el Estado habría causado a ellos.
Un comunicado de este tenor era esperado en círculos de la izquierda abertzale y de los Gobiernos central y vasco tras la sentencia europea que tumbó la llamada doctrina Parot y que el mes pasado posibilitó la salida de prisión de decenas de etarras con largas condenas. La sentencia suponía, pese al rechazo que ha generado en el colectivo de víctimas, el funcionamiento de los controles de legalidad del Estado de derecho, y así fue interpretado también por amplios sectores de la izquierda abertzale.
“Podríamos aceptar que nuestro proceso de vuelta a casa –nuestra excarcelación y de manera prioritaria nuestro traslado a Euskal Herria– se efectuase utilizando cauces legales, aun cuando ello para nosotros implícitamente conlleve la aceptación de nuestra condena”, dice textualmente el comunicado. “En lo sucesivo renunciamos al método utilizado en el pasado para hacer frente a la imposición, represión y vulneración de derechos”, añaden en su alambicado lenguaje para explicar que renuncian a la violencia pero justifican su actuación por la actuación del Estado en el País Vasco.
El colectivo de presos se muestra dispuesto a “analizar la responsabilidad de cada uno de nosotros, dentro de un proceso acordado que reúna las condiciones y garantías suficientes”. Para ello, el EPPK iniciará contactos con el Foro Social y otros agentes vascos, con el objetivo de buscar un amplio consenso “que posibilite nuestro regreso a casa, enmarcado en un proceso integral, que no ponga en cuestión nuestro carácter ni dignidad política”.
En la práctica y pese a la retórica, la decisión supone que los presos etarras tienen ahora libertad para pedir las progresiones de grado penitenciario, de manera que puedan obtener la semilibertad (tercer grado) o la obtener permisos de salida. Eso supone la aceptación de la legalidad penitenciaria, a pesar de que en el comunicado afirman que esta se utiliza “al servicio de objetivos e intereses políticos, vulnerando y violando derechos fundamentales”.
El colectivo de presos afirma que ha tomado este derrotero “tras meses de reflexión” y que recoge las recomendaciones que hizo el llamado Foro Social de Euskal Herria en marzo pasado.