Gonzalo Himiob Santomé: Política criminal y muerte

Venezuela sangra. Ni siquiera el poder puede negarlo a estas alturas. El clamor unánime por una nación en la que los asesinatos no sean la regla del día nos hermana más allá de cualquier diferencia política. Es un tema complejo, así que ruego a mis lectores paciencia para poner sobre la mesa algunos aspectos que hemos de considerar si queremos hablar con propiedad sobre la inseguridad.

Del mismo modo en que existe o debe existir, por ejemplo, una política económica, una de salud o una política internacional, que nos permitan defender mejor los intereses de los ciudadanos y de la nación en general en todos los ámbitos de nuestra existencia, tanto en lo colectivo como en lo individual, todo Estado serio ha de tener una “política criminal” cónsona con las necesidades de la nación y de la ciudadanía. La “política criminal” es el conjunto de medidas que desde el poder, formalmente y a todo nivel, se asumen e implementan para la prevención, el control y la represión del fenómeno criminal. La seguridad, o la ausencia de ésta, son temas, en definitiva, de políticas públicas. Es un asunto político, en el mejor sentido de la expresión, pese a que algunos estén pidiendo equivocados que no se le “politice”. El problema de la criminalidad en Venezuela, y específicamente el del incremento de la violencia criminal en los últimos lustros, ha dependido de muchos factores, todos consecuencia de la falta de una política criminal efectiva, sensata y coherente, que dé respuesta a nuestras necesidades. Veintidós planes de seguridad fallidos en los últimos 15 años dan cuenta de ello.

El fenómeno criminal está compuesto por varias “realidades” que interactúan con la sociedad provocando en esta, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, diferentes reacciones, que van desde las netamente formales hasta las más deslegitimantes e informales. Estas realidades que integran el fenómeno criminal son: Primero, la “realidad jurídica”, entendida como el conjunto de normas que en un contexto determinado nos dicen qué es delito y cuáles son las reglas formales para investigar, procesar y condenar a los delincuentes; en segundo lugar, integra también el “fenómeno criminal” la “realidad individual”, vista como el delincuente en concreto, como la persona que ejecuta las acciones que la “realidad jurídica” ha predeterminado como delictivas. Por último, al conjunto de actos criminales cometidos por delincuentes en una sociedad determinada, en un espacio y tiempo igualmente determinados, se le conoce como la “realidad social” del fenómeno criminal, o más sencillamente, como “delincuencia”.

Como lo señalé antes, estás diferentes “realidades” interactúan con la sociedad y con los ciudadanos, y desde ésta y éstos se producen reacciones diversas, que nos permiten precisar si la política criminal de un determinado Estado está siendo efectiva o no en la prevención, control y represión de la criminalidad. Por ejemplo, cuando la “realidad jurídica” se estructura sólo desde lo que conviene o deja de convenir al gobierno o a grupos minoritarios de una sociedad, de espaldas a las necesidades generales, aquella se vuelve anacrónica y disociada, por lo que la ciudadanía reacciona demandando de la “realidad jurídica” mayor amplitud y mayor adecuación a nuestras necesidades colectivas. En estos casos, las reacciones formales legitimantes colectivas promueven, por ejemplo, la creación de nuevas normas penales o la modificación de las ya existentes, mientras que las reacciones informales colectivas deslegitimantes se dirigen hacia el desconocimiento del orden jurídico preestablecido.

Por otra parte, si la “realidad jurídica” es moderna y adecuada para el contexto en el que se la ha propuesto, pero no se ataca al conjunto de causas que motivan a los individuos a convertirse en delincuentes, es decir, lo que lleva a ciertas personas a ser parte de esas “realidades individuales” que sumadas componen la “realidad social” de la delincuencia, también se afirma que la política criminal es defectuosa, y entonces a la ciudadanía no le queda más que hacer una de dos cosas: O generar presión política para que la respuesta del poder ante el delincuente y la delincuencia sea acorde a lo que exige el colectivo (reacción formal, legitimante) o, en caso de ausencia de respuesta formal pronta y efectiva, lidiar directamente (reacción informal, deslegitimante) sin la intermediación de la autoridad y sin estar sujeta a control de ningún tipo, tanto con los delincuentes como con la delincuencia. Ejemplos de estas “reacciones informales deslegitimantes” hay muchos, y van desde “no denunciar” los delitos padecidos, buscando resolver el conflicto desde la perspectiva individual o simplemente asumiendo la pérdida sufrida; hasta los linchamientos y la toma de justicia “por propia mano”.

Siendo así, la inseguridad que padecemos, como ya adelanté, es un problema indiscutiblemente político. El Estado es el que monopoliza el denominado ius puniendi, o lo que es lo mismo, el derecho o la potestad para crear normas penales y para investigar, procesar y castigar los actos criminales. Negarlo implica validar las respuestas informales y privadas, no sujetas a control alguno, frente al fenómeno criminal, y eso es muy peligroso. Hay que tener cuidado entonces cuando se afirma, como lo ha hecho en varias oportunidades recientes el Ministro Rodríguez Torres, que la seguridad es una “responsabilidad compartida” entre el gobierno y los ciudadanos. El uso de la “violencia legítima” contra la delincuencia (la potestad para investigar y encarcelar, por ejemplo) es exclusivo del poder, así que cuando se falla en materia de seguridad personal el que falla es el gobierno, no el ciudadano. En este sentido, la política criminal venezolana, desde hace décadas, no ha funcionado, y esto hay que aceptarlo. No hay peor forma de enfrentar un problema que negar su existencia.

Otro aspecto que es indispensable considerar, como causa de la terrible inseguridad que padecemos, es la enorme brecha que existe entre el delito y la consecuencia legal de haberlo cometido. A esto se le denomina “impunidad”. Si en una sociedad determinada no existe, como ocurre en Venezuela, correlación directa entre infracción y castigo, si a un delito no sigue la certeza, sometida a controles por supuesto, de una sanción, el mensaje negativo que se está mandando a los delincuentes es que delinquir es “buen negocio”. Nótese que no hablo de sanciones “ejemplarizantes”, como la pena de muerte que algunos proponen ahora para ciertos delitos; no hablo de la “severidad” de la pena, sino por el contrario, de su “certeza”. En la medida en que haya menos impunidad, menos serán las personas dispuestas a delinquir.

Es necesario un gran debate nacional, dirigido a promover mejores y más efectivas medidas político-criminales a corto, mediano y largo plazo. La muerte a manos del hampa, los hechos lo demuestran, está “mandando”. Esto debe cambiar ya.

 

@HimiobSantome