Primera vez que siento tristeza porque se termina un año. No porque el 2013 haya sido particularmente bueno, sino por las perspectivas que asoman para el 2014: los pronósticos de analistas y de comerciantes, de vecinos y profesores, de extranjeros y nacionales dicen que va a ser peor. Las primeras semanas parecieran confirmarlo dolorosamente, tras el asesinato de la conocida actriz y su esposo. Esta vez fue el caso Spears-Berry, pero todos tenemos conocimiento de otros casos menos célebres y más cercanos: el hermano de la amiga, el motorizado de la empresa, la hija del compañero de trabajo, la amiga de la señora de servicio.
No puede ser que este estado de cosas siga sucediendo sin que nosotros podamos exigirle a los responsables un cambio fundamental, estructural en las cosas. La seguridad de los venezolanos es, sin duda, responsabilidad principal de cada uno de nosotros, pero la política para garantizar la seguridad, para prevenir y combatir el delito, es responsabilidad de los gobernantes, comenzando por el Presidente de la República. Este, teniendo una oportunidad de oro, lo que hizo fue ratificar en sus cargos a los ejecutivos que son directamente responsables de estas políticas: Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el Sr. Miguel Rodríguez Torres y Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Sra. Iris Varela. Ese espaldarazo, dadas las circunstancias, es como aplaudir a un médico que está matando al paciente.
Mejorar las condiciones de seguridad ciudadana requiere un esfuerzo colectivo de prevención y de acción del Estado contra los delincuentes. No se trata solo de convocar a una reunión para pescuecear y tomarse una foto. Tiene que haber un consenso y acciones concretas que vayan dirigidas a combatir los delitos, a castigar a los culpables. Los ciudadanos estamos dispuestos a participar (la resolución del caso Berry-Spears lo demostró: gracias a los vecinos la policía pudo identificar rápidamente a los cómplices del asesinato). Pero es indispensable que el Poder ejecutivo, el Legislativo, el Judicial e incluso el Poder Moral se levanten unidos contra el crimen (¿Dónde está la Lic. Gabriela del Mar Ramírez, Defensora del Pueblo? ¿No se supone que entre sus atribuciones está la promoción, vigilancia y defensa de los derechos humanos en el país?). De nada sirve un operativo aislado si al día siguiente o a la semana un juez suelta a los sospechosos (los asesino de la pareja tenía múltiples entradas a la cárcel por diversos delitos y seguían cometiendo fechorías libremente).
Esperemos que estas lamentables muertes no sean un caso más. Ojalá esto pueda servir como punto de inflexión para darle un vuelco al tratamiento de la criminalidad, para acabar con la impunidad y transitar en el camino de tener una mejor Venezuela, al menos en materia de seguridad.
Caracas, 15 de enero de 2014 @aalvaray