Casi se puede afirmar que en Venezuela se ve, se oye y se lee lo que al Gobierno le conviene.
El control que ejerce el Ejecutivo es el medio privilegiado para la fábrica de realidades impostoras
La hegemonía comunicacional anunciada hace ya un tiempo es un triunfo casi absoluto
La imposición de una realidad a la medida, concebida por el Gobierno y sus agentes y presentada a los venezolanos como sustitutiva de la realidad objetiva que agobia al país es un hecho que se ha ido colando en nuestras existencias como un morbo parasitario de la vida de los ciudadanos. El control que el oficialismo ejerce sobre los medios de comunicación es el medio privilegiado para la fábrica de realidades impostoras, pero está lejos de ser el único.
La ausencia de información confiable de instituciones públicas fundamentales como PDVSA y el BCV, unida a la práctica de fabricación de estadísticas sobre materias como la criminalidad y el desempleo, conforman una política deliberada de opacidad sobre el estado de la nación y la conducta del poder público.
La hegemonía comunicacional, anunciada hace algún tiempo atrás como un objetivo esencial del régimen por Andrés Izarra, una de los sempiternos ministros rotantes del gabinete ejecutivo, es un triunfo alcanzado de manera casi absoluta por las fuerzas del oscurantismo patriotero entronizado en Venezuela desde hace más de 15 años. Casi puede afirmarse que en Venezuela se escucha, se lee y se ve lo que al Gobierno le conviene. Lo que de realidad objetiva sigue presentándose se va achicando paulatinamente como una gota de agua en una superficie caliente y su precaria existencia se debe tanto al inevitable contacto entre la gente por vía oral o a través de Internet y los teléfonos, como a los pocos medios de comunicación independiente que aun sobreviven a la cacería decretada por el Gobierno o a su propia autocensura.
Esta hegemonía comunicacional es singularmente importante y juega un rol central en el esquema de dominación de la sociedad que pretende el chavismo. Frente a ella, la alternativa democrática debe plantearse la difícil tarea de continuar ejerciendo la acción política en una situación de perniciosa invisibilidad en los medios de comunicación combinada con el ataque artero a sus líderes y acciones por parte de los voceros oficialistas para consumo de la porción de la población que escucha, lee y ve las letanías agresivas de los dirigentes del chavismo sobre todo lo que huela a disidencia.
El mismo problema que se le está planteando a los venezolanos ha sido enfrentado en otras sociedades aún más represivas y ha sido resuelto de manera relativamente exitosa.
El primer ingrediente de la respuesta es la convicción del liderazgo opositor acerca de la impostergable necesidad de integrar la acción de rebeldía democrática, expresada en la protesta social pacífica, con el ejercicio del voto. Mientras esta acción dual no termine de expresarse nada esencial va a cambiar en Venezuela, con excepción del avance de la postura autoritaria del régimen. El segundo elemento es la constitución de redes sociales y de acción política cuya comunicación no dependa de los medios sino de canales controlados por personas. Esa red de activistas puede llegar a ser muy numerosa, como lo demostraron en su momento las estimaciones que realizó la Gente del Petróleo cuando propusieron su iniciativa de la Red de Energía E+. Una idea quizás prematura en ese entonces pero a la que probablemente le ha llegado su momento. El tercer componente de la trilogía de acciones para enfrentar el cerco comunicacional y la invisibilidad a la que pretende condenarnos el chavismo es garantizar que las acciones de calle y las protestas obedezcan a una cuidadosa planificación y estrategia que le impida al Gobierno abortarlas sin tener que recurrir a un uso sustancial de la fuerza pública. En su momento, estas acciones se podrían potenciar con la exposición ante los medios internacionales, algo que ha jugado un papel clave en otras latitudes. Uno se puede imaginar lo que sería una movilización nacional contra la violencia y el crimen, o para salvar las empresas de Guayana y defender los recursos del país de la voracidad imperialista de China y Rusia, concebida bajo estos parámetros, para entender lo difícil que le sería al régimen silenciar la protesta. Un elemento esencial de esta estrategia deben ser los representantes del pueblo elegidos por el voto popular: alcaldes, gobernadores y concejales, quienes tienen la responsabilidad inalienable de defender la Constitución y exigir, no mendigar, que el ejecutivo central desista de su pretensión de nombrar protectorados para desconocer la voluntad popular.
Aunque no parezca obvio, en esta estrategia de combinar rebeldía civil con acción electoral, juegan también un papel central las fuerzas políticas que han estado insistiendo en la necesidad de reconciliar al país. Ello es así porque el chavismo no tiene absolutamente ninguna necesidad de participar en movimientos de reconciliación hasta que sienta su poder bajo una amenaza real y creíble. Mientras esto no ocurra el país continuará siendo gobernado por la oligarquía que insiste en desconocer la existencia de la otra mitad de la nación. Solamente cuando el país se les haga ingobernable tanto por su propia mediocridad y corrupción como por la protesta de la gente, tendrá sentido plantearse un encuentro nacional por la vía de una Asamblea Constituyente o de otro evento unificador. Mientras tanto queda mucho trecho por recorrer para enfrentar el cerco comunicacional y la imposición de la realidad a la medida que pretende la oligarquía chavista.