El gobierno ecuatoriano excluyó a redes sociales como Facebook y Twitter de las medidas de control que impuso a los medios a través de una ley de comunicación duramente criticada por la prensa privada y la oposición. AFP
El presidente Rafael Correa, que tilda de opositor a un sector de la prensa y ha alentado acciones legales contra periodistas y medios por injurias, expidió el reglamento de la Ley de Comunicación aprobada en junio de 2013, según una copia de la norma divulgada este martes por el diario público El Telégrafo en su página web.
Uno de los artículos establece que están “excluidos del ámbito de regulación y control administrativos los contenidos que formulen los ciudadanos (…) en sus blogs, redes sociales y páginas web personales, corporativas e institucionales”.
En septiembre de 2013, el gobierno de Correa había planteado castigar con cárcel la injuria a través de las redes sociales, tal como prevé la ley en los casos que implican a medios tradicionales.
César Ricaurte, director de Fundamedios -una ONG que promueve la libertad de prensa y es crítica del gobierno-, afirmó que la disposición en torno a las redes sociales no impide el enjuiciamiento de opiniones en Internet que sean consideradas injuriosas o evite el control sobre organizaciones que utilicen la red.
“Que (las opiniones) no estén sujetas al ámbito administrativo no significa que no puedan ser castigadas en el ámbito penal. Hay una voluntad de control de los contenidos, incluso de Internet”, dijo Ricaurte a la AFP.
El reglamento de 88 artículos prevé, además, el derecho a la rectificación y la réplica en prensa, radio y televisión, e impone a los medios de comunicación de alcance nacional la contratación de un defensor de las audiencias.
También prohíbe la “censura previa por omisión” entendida como el “ocultamiento deliberado y recurrente de información de interés público”, con el fin de favorecer o perjudicar a alguien.
Con la expedición del reglamento, la Ley de Comunicación entra en pleno vigor, y sus críticos esperan ahora un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la demanda que presentaron el año pasado por considerar que la norma viola las libertades de opinión, prensa y expresión.
Además de incorporar controles sobre los medios, la norma recorta la participación privada en el sector de comunicaciones a través de una nueva distribución de frecuencias en radio y televisión. AFP