Pablo Aure es, sin duda, el dirigente universitario con la actividad política más intensa. Su actuación, en los medios de comunicación y en las redes sociales hace presumir que procura responsabilidades más altas. Sin embargo, cuando se le escucha exponer sus ideas, se llega a la conclusión de que su gran preocupación es el destino de la universidad autónoma y democrática.
El gobierno descubrió que no es necesario intervenir a las universidades cuando puede destruirlas internamente, negándoles el presupuesto y creando la anarquía para convertirlas en tierra de nadie hasta que todos se cansen, analiza el destacado profesor universitario y Secretario de la Universidad de Carabobo en esta entrevista en la que se evidencia su angustia por el devenir de la institución a la que ha dedicado la mayor parte de su vida.
La universidad está muy atropellada, muy cercada y muy desorientada en su interior. La universidad no es la misma de hace quince años. El actual modelo universitario ya cumplió su rol y es necesario transformarlo y actualizarlo. Lo menos importante es lo electoral. Hay que redefinir las funciones universitarias para descentralizarla.
El gobierno está al tanto de lo que ocurre en las universidades. Por eso suspendió los procesos electorales de autoridades, jugando a la anarquía. Porque, cuando una autoridad tiene vencido el período, se producen el desgaste natural, aspiraciones de otros y ataques injustos.
Se exige elecciones ya, como si las autoridades universitarias mantuvieran paralizado los procesos, olvidando que es el Tribunal Supremo de Justicia el responsable de esta situación en todas las universidades.
– ¿Cómo es esa estrategia para convertir a la universidad en tierra de nadie?
El gobierno está aplicando lo que se denomina la destrucción de la moral burguesa, con medidas inconcebibles. El salario de un profesor no llega a 200 dólares. Hace 20 años ganaba dos mil dólares al cambio. ¿Qué incentivo pueden tener los jóvenes profesores para seguir preparándose, cuando su sueldo no le alcanza ni para sus propios gastos? ¿Con qué pueden comprar un apartamento, un carro? ¿Cómo atiende a sus hijos?.
Ya no tenemos a nuestros profesores, que siguieron cursos de postgrado en el exterior pagados por las universidades. Muchos, de los que están en el gobierno y son ministros, disfrutaron de esos beneficios. Hoy parece que se están vengando de las bondades de aquella universidad que les brindó la oportunidad de prepararse y prosperar.
Desde que asumimos nuestra responsabilidad, en la Universidad de Carabobo, el tiempo se nos ha ido solicitando recursos. No hemos tenido una dotación de autobuses, no ha hay incremento para la investigación y se ha reconducido el presupuesto desde hace siete años ¿Cómo puede una universidad avanzar en extensión y en investigación, si el gobierno nacional la arruinó? Y hay sectores que, de forma malintencionada, hacen reclamos a sabiendas de esta situación.
– ¿Cuál es la salida ante esta situación a la que se agrega la paralización de las elecciones universitarias?
El juego parece que está trancado. En algunas universidades se ha modificado el reglamento atendiendo la decisión, como del Tribunal Supremo de Justicia para que vote toda la comunidad universitaria. En una universidad del Táchira se hizo así y se efectuaron las elecciones y se proclamaron las autoridades electas. Pero el ministerio no las reconoció.
En el Zulia, trataron de celebrar unas elecciones pero fueron prohibidas por el Tribunal Supremo de Justicia. No tengo duda de que el gobierno está interesado en provocar el caos en las universidades y la mejor manera es prohibiendo las elecciones. Se han dado cuenta de que, que con esta anarquía, no es necesario intervenirlas. De hecho están intervenidas.
Ellos están jugando al abandono, a que las autoridades se cansen para que las universidades se conviertan en tierra de nadie. Eso es lo que se está haciendo. Al haber pugnas internas por las elecciones nos estamos autodestruyendo desde adentro.
– Y al país ¿cómo lo observas?
La Constitución fue sometida a una reforma en la que estaban incluidos artículos que cambiaban el modelo aprobado en 1999. El pueblo dijo que no. Luego buscaron un atajo para la enmienda y se le permitió a los gobernantes la elección indefinida. De manera paralela, se han impuesto leyes que fueron rechazadas. Esas leyes, como la de comunas, están al margen de la Constitución, y existen porque no tenemos un Poder Judicial que nos garantice el estado de derecho y evite que se viole la Constitución. No tenemos instituciones que actúen de manera democrática sino siguiendo órdenes. Estamos viviendo cualquiera cosa menos en una democracia porque todos los poderes tienen sede en el palacio de Miraflores.
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz afirmó, esta semana, que Chávez es un constructor de historia. ¡Por favor señora!, será inventor de historias. El defensor del Pueblo actúa en contra del pueblo. En estos 15 años, la Contraloría y la Sala Político Administrativo del TSJ, nunca han emitido un juicio en contra de las líneas de mando.
Vemos, con dolor, cómo se está destruyendo el país con la indiferencia de tanta gente que no piensa que también le va a llegar el momento de alzar la voz. Ojalá que no sea demasiado tarde. Pero yo tengo muchas esperanzas en que vamos a salir de esto creyendo en lo que queremos y no actuando de manera improvisada. Necesitamos un proyecto de país.
– ¿No piensa que su posición política puede perjudicar a la Universidad siendo usted el Secretario?
Prefiero la libertad de mi conciencia y no la esclavitud de la apariencia. Mucha gente no actúa para no nadar contra la corriente, a pesar de que su concia le advierta que eso está mal. Me reprochan que siendo una autoridad de la Universidad de Carabobo participe en actividades políticas. Yo soy un ciudadano, tengo esposa, tengo hijos, voy al mercado, padezco la inseguridad y la escasez.
Una de las grandes cosas que perjudicó a la universidad es el divorcio que hubo entre la universidad y la situación política. La universidad, no es una burbuja; está obligada a aportar soluciones para los grandes problemas del país que está esperando mucho de los universitarios. En el siglo XIX grandes académicos como Miguel José Sanz, José María Vargas y Fermín Toro fueron grandes políticos sin separarse de sus responsabilidades universitarias.
– ¿Se presentará como candidato a Rector de la Universidad de Carabobo?
La mayoría de la gente no entiende mi manera de ser. Se piensa que, porque mantengo una actividad política permanente, ando buscando otro cargo en la universidad. Soy de los que piensa que hay gente más joven y creo en la renovación. Yo ya estoy para jubilarme tomando en cuenta que antes de ingresar, como profesor, a la universidad trabajé en el departamento de Asistencia Jurídica del Centro Penitenciario Nacional de Valencia (Tocuyito). Prestábamos asistencia a los internos tramitándoles, ante los tribunales, sus beneficios procesales, confinamiento, libertad condicional, establecimiento abierto, suspensión condicional de la pena.
He sido director y decano de la Facultad de Derecho, secretario de la Universidad de Carabobo. Es cierto que se me ve como un potencial candidato a seguir escalando posiciones dentro de la universidad. Pero yo creo que ya hemos cumplido con la universidad desde el punto de vista activo y de aspiración. Puede haber otros nortes.
Ahora tenemos hijos y uno lo que piensa es en el futuro, en lo que le va a dejar a los muchachos en el país que ellos van a vivir. Uno sufre porque este no es el país en que nos educamos y vivimos nuestra juventud.
Miguel Peña no puede ser municipio
Pablo Aure, nacido en Valencia y presentado en San Carlos, donde residían sus padres. En 1980, inició los estudios de Derecho en la antigua facultad frente a la Plaza Sucre. Allí comenzó a destacarse como dirigente político cuando fundó, con Eduardo Ramos Araujo, Participación Universitaria Independiente. Fue electo por este movimiento miembro del centro de estudiantes. En 1985 se graduó de abogado. Habiendo ganado el concurso ingresó a su facultad para dictar las cátedras de Procesal Penal y de Derecho Público. Casado con María Elisa Celli es padre de tres niños: Pablo Andrés y los morochos Mariana y Santiago.
– ¿Está de acuerdo con la elevación de la parroquia Miguel Peña a municipio?
– Se le haría daño, a los habitantes de Miguel Peña, haciéndoles creer que elevando la parroquia a municipio se le van resolver sus problemas. Al contrario, se les aumentarán porque recibirían solo el situado constitucional. El municipio se mantiene con los ingresos que genere ¿Cuál estudio de factibilidad económica existe en Miguel Peña, para sostenerse como municipio? En ese sector, con tantas necesidades, no hay empresas que generen ingresos. En cambio, como parroquia recibe la mayoría de los ingresos de Valencia.
Cuando se habla de este tema debe hacerse con sensatez. En el caso de que cumplidas las exigencias de la ley, Miguel Peña se convierta en municipio, debe conformarse una mancomunidad para ayudarlo. No sé que criterios tienen quienes afirman que esa ley está vigente, cuando han pasado dos elecciones para elegir concejales y tres para alcaldes sin que para esa entidad se hayan presentado candidatos.
– ¿Cuál es su opinión del decreto del gobernador que prohíbe las manifestaciones en el centro de Valencia para proteger monumentos históricos?
Ese decreto fue promulgado cuando el movimiento Valencia se Respeta participó la realización de un acto para conmemorar el 23 de enero frente a la Facultad de Derecho. Es un decreto ambiguo porque, el solo hecho de reunirse y manifestar, en esos espacios, no pone en peligro los monumentos históricos.
– ¿El decreto puede ser aplicado a los buhoneros?
Debería ser aplicado. Sin que existiera esa norma, los buhoneros no pueden interrumpir el libre tránsito, ni ocasionar competencia desleal al comercio formal. Soy partidario de que a los buhoneros hay que darles un trato especial como en todas partes del mundo, donde existen espacios para el comercio informal, sin que se permita la anarquía que se vive en el centro. Ese decreto será letra muerta. El gobierno podrá emplear cualquier dispositivo pero no podrá evitar que la gente vaya a la casa de gobierno a reclamar. Eso solo sucede en dictadura.
Alfredo Fermín
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