Criminalización de la protesta es una política de Estado que viola derechos fundamentales. Protestar pacíficamente es la mejor vía para exigir al gobierno respeto a los ciudadanos
Criminalización de la protesta
Febrero se inició con nuevos juicios a ciudadanos que protestan, unos de ellos en libertad con medidas cautelares, otros con peor suerte.
Tenemos enfrente un gobierno al que no le tiembla el pulso a la hora de reprimir, meter gente a la cárcel o procesarla judicialmente por protestar. Los ejemplos sobran y no dejaremos de recordarlo: casi 3.000 personas están siendo sometidas a proceso por este motivo. Muchos de ellos, por cierto, provienen de los sectores populares y campesinos.
El gobierno criminaliza la protesta, porque no le conviene que se visibilicen los problemas y el descontento. Busca con esto, meter miedo e inhibir a la gente. Hoy por hoy la criminalización de la protesta es una política de Estado que viola derechos fundamentales.
Trabajadores petroleros
El pasado martes 4 de febrero en horas de la noche fueron liberados, con medidas cautelares, los sindicalistas y trabajadores petroleros detenidos el día anterior mientras protestaban y repartían volantes en las instalaciones de la Refinería de Puerto La Cruz. Un nuevo episodio de criminalización de la protesta que no termina aquí, pues serán juzgados en libertad y el tribunal ordenó la presentación de los trabajadores cada 30 días y les prohibió, además, hacer reuniones y manifestaciones en cualquier instalación de la industria petrolera. Es decir, el derecho a la protesta pacífica y la libertad sindical quedan, una vez más, cercenadas.
Caso Margarita
Muy grave el hecho de que manden al penal de Puente Ayala a los detenidos por protestar ante delegación cubana de béisbol, el pasado fin de semana, durante una jornada de protesta activa que fue convocada por actores políticos en diferentes partes del país. Más allá de considerar conveniente o no una protesta contra deportistas, consideramos que el gobierno ha actuado con saña contra estos ciudadanos. Si bien es cierto que la motivación de esa protesta puede ser considerada política, también lo es el hecho de que la respuesta del gobierno, de la Fiscalía y del Tribunal ha tenido ese talante. Se les abre juicio por “actos violentos” y se ordena su puesta en prisión. Por cierto, la protesta política, mientras sea pacífica, tampoco está prohibida en nuestra legislación. Esos ciudadanos, hoy presos, deben ser puestos en libertad.
Protestas en Táchira
La semana pasada pudimos observar en el estado Táchira manifestaciones protagonizadas por estudiantes que, tras la detención de dos de ellos y una excesiva represión por parte del las fuerzas de seguridad, radicalizaron la protesta. A pesar de ser liberados los detenidos, el jueves pasado hubo más protestas, alguna de ellas frente a la casa del gobernador y su familia donde aparentemente sucedieron hechos que podrían ser considerados violentos. Por cierto, los rectores de la Universidad Nacional Experimental del Táchira y de la Universidad de los Andes-Táchiracondenaron esos hechos.
Reivindicaciones y protesta pacífica
Según los informes que en los últimos años ha dado a conocer el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, solo el 2% de las protestas que se producen en Venezuela pueden ser consideradas violentas. Y de esas, una gran parte se han tornado violentas después de la actuación de las fuerzas represivas. Además, queremos insistir en el hecho de que el 76% de las protestas son en demanda de derechos y reivindicaciones sociales. En Venezuela se protesta todos los días (más de 12 protestas diarias en 2013). Eso es mucho.
Esas protestas no tienen conexión ente ellas. Y el gobierno ha sabido manejar la situación para “aislar” el efecto de ellas. Pero ante la incursión de actores políticos que, con o sin razones, pretenden dar -o aparentar que dan- una “conducción” desde arriba a dichas protestas, el gobierno responde con las armas que tiene y ya está usando con muchos de los ciudadanos que protestan por derechos sociales: represión y criminalización.
Quienes deciden ejercer el legítimo derecho a la protesta han de saber que en Venezuela no se está respetando ese derecho. De igual manera, dirigentes y ciudadanos que convocan o asisten a manifestaciones de calle, deben tener en cuenta que enfrente hay un gobierno al que no le tiembla el pulso a la hora de reprimir o aplicar la legalidad que él mismo ha construido, por ejemplo la que tiene que ver con las “zonas de seguridad”.
Insistimos en la necesidad de defender y reivindicar el derecho a la protesta y a exigir derechos. Pero debemos tener en cuenta que el gobierno podría estar buscando excusas para tapar la crisis que vive y que vivimos los ciudadanos. Preservar la protesta pacífica es la mejor vía para exigir al gobierno respeto a los manifestantes y a la legalidad.
ConflictoVe Fuente:TalCual, 3 de febrero de 2014, pág 7
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