El concejal baruteño Omar Villalba emplazó a la Fiscal, Luisa Ortega Díaz y la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez a garantizar los derechos constitucionales de los estudiantes que participan en las protestas en todo el país, y castigar a aquellos funcionarios que, extralimitándose en sus funciones, reprimen brutalmente a quienes manifiestan.
Villalba, quien es abogado de profesión, señaló que tras semana y media de protestas en varios estados del país, se han observado numerosas detenciones ilegales y arbitrarias, la constitución de tribunales civiles en instituciones militares y el traslado de los estudiantes a más de 800 kilómetros de sus tribunales naturales, además de las denuncias de algunos de los detenidos de ser sometidos a torturas por parte de sus captores.
Alentó a los estudiantes, “dignos herederos de la sangre rebelde de aquellos que lucharon contra la dominación española en la Batalla de la Victoria”, a mantenerse firmes en sus ideales y proteger su vida, “que es el bien más preciado”.
El edil manifestó su rechazo ante todo tipo de violencia, y señaló que está consagrado en la Constitución el derecho a la protesta, de modo que llamó a no continuar criminalizando las acciones de calle, que están siendo cruelmente reprimidas en Táchira y Mérida principalmente.
“Hago un llamado a la Policía Nacional y a la Guardia Nacional para que se apeguen a lo que dicta la ley sobre el derecho a la protesta pacífica. Recuerden que esos jóvenes pueden ser sus hermanos, hijos o familiares y esgrimir contra ellos un desproporcionado uso de la fuerza puede acarrear sanciones penales e incluso caer e la calificación de delito de lesa humanidad, que no prescribe y que son sancionados en tribunales tanto nacionales como internacionales”.
Exigió respeto por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de la Ministra Iris Varela, y del resto de representantes del Ejecutivo que hacen mofa de la protesta.
“Hoy acompañamos a nuestros estudiantes están protestando por la calidad de vida, por la inseguridad, por todo lo que los venezolanos estamos padeciendo por la mala gestión económica de este gobierno. No podemos permitir que esas manifestaciones sean criminalizadas y que continúen colocando a la orden de los tribunales a los estudiantes como si hubiesen cometido un delito grave, cuando solamente han ejercido su derecho al disenso.