Exigen a Defensoría del Pueblo pronunciarse ante órdenes discriminatorias sobre uso Metrobus

Nota de Prensa

Este lunes, tras el anuncio de suspensión de las rutas del MetroBus para los municipios Baruta, Chacao y El Hatillo, el diputado por Primero Justicia a la Asamblea Nacional Ángel Medina, rechazó la medida y la catalogó como “inconstitucional”.

Medina aseguró que la orden dada por Nicolás Maduro de suspender el servicio de metro y metrobus para el sureste de la ciudad de caracas, reactivarlos y luego que el Ministro Haiman El Troudi volviera a cancelar el servicio, representa una decisión irresponsable, que atenta contra los derechos de los ciudadanos. “Hemos podido conocer de la mano de venezolanos que viven en el oeste y deben trasladarse para el sureste de la capital, específicamente para Chacao, Baruta y El Hatillo, están pasando penurias para poder llegar a sus trabajos. Esta medida no solo se presenta como una retaliación política injusta contra todos los habitantes de los muncipios del área metropolitana de Caracas, además que refleja la discriminación que se hace entre ciudadanos iguales ante la ley”, aseveró.

Asimismo, el parlamentario por la tolda aurinegra, exigió a la Defensoría del Pueblo ejercer su rol de protectora y pronunciarse, ya que “Suspender el servicio de metro atenta contra los derechos consagrados en la CRBV al trabajo, a la salud, educación y esparcimiento. Hoy le exhortamos a Gabriela Ramírez que actúe sobre estos actos violatorios de la Carta Magna y así ordenar el restablecimiento del servicio. Ramírez debe dar cumplimiento al artículo 281 de la Constitución, donde indica que este Poder Publico debe proteger los derechos e intereses de las personas contra las arbitrariedades y desviaciones de poder. Quienes protestan en El Cafetal lo han estado haciendo de manera pacífica y para ello se encuentra en estos momentos PoliMiranda y PoliBaruta custodiando estas manifestaciones para evitar que exista algún foco de violencia”.

Por último, el asambleísta por Primero Justicia Ángel Medina, le recordó al Ejecutivo Nacional a los que el derecho a la protesta y el acceso a servicios públicos de calidad son derechos constitucional, con lo cual, uno no puede privar sobre otro.