El secretario municipal del partido Acción Democrática en Heres, Luis Silva, denunció los ataques que sufrió la sede de la tolda blanca durante la madrugada de este miércoles en la ciudad capital del estado, cuando grupos afectos al Gobierno nacional lanzaron bombas molotov contra la casa que sirve de sede municipal del partido, ubicada en el Paseo Heres, publica Correo del Caroní.
Acotó que este ataque no se completó debido a que el personal de vigilancia de la sede avistó del hecho, luego de que unas cinco bombas molotov impactaron contra la casa, y que sólo generaron pequeños focos de incendio que fueron sofocados de manera inmediata.
“La intención era que esos objetos impactaran contra el techo de la casa para que se incendiara”, dijo.
Los sujetos, comentó Silva, no pensaban que había personas en la casa por lo que huyeron, dejando abandonado un envase con unas tres bombas molotov, listas para ser lanzadas. Silva manifestó preocupación por esta escalada de violencia que se registra en el país, y en especial contra la tolda blanca, ya habiendo hechos parecidos en el Táchira hace un mes contra la sede de AD, y para finales del 2013 en Monagas. Asegura que este tipo de hecho no los sorprende, puesto que puede ser parte de una especie de “lineamiento nacional contra las casas de AD”.
Subrayó que si bien es cierto que en ambos sectores en que está dividido el país existen “grupos radicales”, que buscan que los enfrentamientos entre venezolanos sean más profundos, Acción Democrática no puede comulgar con la tesis de que se genere violencia para lograr un objetivo. “AD tiene una línea nacional basada en una lucha dentro del marco constitucional”, asegura, y agrega que puede ser posible que para los “radicales” se trate de una lucha constitucional “blandengue”.
Sin embargo, advierte que dentro de la Carta Magna existen los derechos constitucionales a protestar pacíficamente y desconocer cualquier intento represivo, aludiendo a los artículos 68 y 350 de la Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.
Asegura que cuando ya se tiene un mes de protesta, con 23 muertos, más de 300 heridos, más de 1.600 detenidos ya es el momento de demostrar que el gobierno está dispuesto a ir más allá de dialogar por la paz, a rectificar sus políticas. Silva sostiene que el gobierno debe demostrar con “hechos contundentes” su disposición a la paz, y advierte que un mecanismo de pasificación -aun cuando el gobierno no lo reconozca- sería la liberación de todos los presos políticos y detenidos durante las protestas, y ejecute el sobreseimiento de la causa.