Como es del conocimiento público, el Ombudsman es una figura que fue creada en Suecia con el propósito de salvaguardar los derechos de los ciudadanos, a comienzos del siglo XIX, aunque el cognomento se remonta a unos cuantos siglos anteriores a esa época.
Por estos predios lo conocemos con el nombre de Defensor del Pueblo y es el representante máximo de una institución que fue creada en Venezuela por la Constitución de 1999.
El Ombudsman o Defensor del Pueblo fue concebido como un actor autónomo, independiente, en su ejecutoria, del poder ejecutivo de cualquier país.
Como es obvio, no podría representar de manera adecuada a los ciudadanos de un país si está sometido al poder que, se supone, deberá enfrentar a la hora de hacer valer los derechos de aquellos. Su rol es el de vigilar y controlar la actuación de los gobiernos, supervisar las investigaciones sobre los reclamos que se hacen a estos últimos.
Este representante ha llegado a tener tal significación, que en bloques económicos como la Unión Europea, existe el Defensor del Pueblo Europeo, al cual corresponde investigar los casos de mala administración de los órganos comunitarios.
La ejecutoria de esta importante institución en el caso de Venezuela ha sido deshonrosa e inmoral.
Quien haya hecho un seguimiento durante estos años, de la actividad de la Defensoría del Pueblo en nuestro país, habrá podido constatar que las intervenciones de su titular en diversas ocasiones, son lamentables.
Hace todo lo contrario a lo que es su deber constitucional. Ha llegado incluso a colocarse de manera impúdica y desvergonzada al lado del gobierno apuntalando las opiniones de éste sobre sucesos que han tenido lugar. El ciudadano atropellado y vejado, víctima de todo tipo de arbitrariedades, el venezolano cuyos derechos básicos son desconocidos, no ha tenido en ese órgano la ayuda y el soporte necesario, sobre todo, los que se han enfrentado legítimamente al despotismo gubernamental.
Y no podía ser de otra manera en un entorno en que el Estado ha sido colonizado por una fuerza política cuya ideología autoritaria demencial no acepta los contrapesos propios de la democracia.
La performance de la Defensoría del Pueblo ha sido deleznable, obscena y parcializada a favor de los gobernantes, ante quienes se ha arrodillado. Este órgano, hoy por hoy, es parte del desguace general de las instituciones que han adelantado los destructores de la democracia venezolana.
En su labor sistemática de demolición de la institucionalidad democrática y las libertades, desde dentro, el chavismo también no sólo ha utilizado a la Defensoría del Pueblo, para convertirla en Defensoría del Gobierno, también ha puesto a sus pies a la Administración de Justicia y la Fiscalía General de la República.
Afortunadamente, en la comunidad internacional, la degeneración que han experimentado estos organismos ya comienza a ser develada. En los días que corren, en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, el papelón que escenificaron la Defensora y la Fiscal del Gobierno fue vergonzoso. Las mentiras con las que pensaban engañar a los observadores extranjeros quedaron al descubierto, y nadie se comió “la coba”.
Será tarea del liderazgo democrático rescatar a esas instituciones de la podredumbre e indignidad en que las han sumergido.