Parafraseando las palabras de Kennedy, me dirijo con respeto a los cancilleres de la Misión de UNASUR para plantearles: No se pregunten qué puede hacer Venezuela por sus países, sino qué pueden hacer sus países por la paz en Venezuela.
No tiene esta Misión por objeto propiciar la salida de un Presidente legítimamente elegido. Lo han dicho Dilma Rouseff y Michelle Bachelet. Por lo tanto lo primero a dilucidar es el tema de la legitimidad.
La legitimidad puede ser de dos tipos: de origen y de desempeño.
Recomiendo a la Misión que revisar lo que ocurrió el 8 de marzo del 2013, cuando el TSJ avaló que el Vicepresidente, se postulase a las elecciones presidenciales. Veamos lo que al respecto dice la Constitución venezolana:
“Art 229. No podrá ser elegido Presidente o elegida Presidenta de la República quien esté de ejercicio del cargo de Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva …”
El Vicepresidente Ejecutivo de la República se encontraba encargado como Presidente por la muerte de este último. No parece –a pesar del TSJ- que Nicolás Maduro pudiese postularse a la presidencia.
El caso es importante puesto que podría implicar una falta irreparable en cuanto a la legitimidad de origen del actual Presidente.
Un segundo aspecto en relación con el mismo tema proviene de los resultados electorales ofrecidos por el CNE que dieron al candidato Maduro una victoria del orden del 1,5% de los votos.
La Cumbre de UNASUR, que se encontraba reunida en Lima, reconoció a Maduro pero solicitó una auditoría del 100% de los votos. Se argumentó que se había producido un fraude a nivel de los Cuadernos Electorales, a cuya revisión se opuso el CNE. Se realizó una auditoría sin presencia de la oposición y evadiendo el tema de los referido Cuadernos.
Quizá si UNASUR hubiese insistido en una auditoría capaz de satisfacer a las partes la situación sería diferente.
Valdría la pena que UNASUR solicitase una revisión del cumplimiento de las decisiones que en el 2004 se habían tomado en la Mesa de Negociación y Acuerdos con la presencia de los Presidentes Carter y Gaviria. Aquellos acuerdos fueron violados, retorcidos y demorados.
Pero pasemos al tema de la legitimidad de desempeño. En Venezuela, la separación e independencia de los poderes públicos –esencia de cualquier democracia- ha dejado de existir. La frase de Montesquiueu consagrada en De l’esprit des Lois, “Le puovoir arrête la pouvoir” ha sido olvidada y los poderes públicos actúan más bien conforme proclamaban Los Tres Mosqueteros en la novela de Alejandro Dumas: “Todos para uno y uno para todos”
Y desde luego está el tema de los DDHH. Un presidente dictó en televisión órdenes de que se arrestara a una jueza porque no le gustó una sentencia. La Dra Afiuni fue a dar a la cárcel con sus huesos. Otro presidente, en un acto de intromisión grave del Poder Judicial, decide que se allanen domicilios en Valencia y se procede sin orden judicial.
Venezuela no sólo se ha retirado de la CIDH, sino que además desconoció en varias oportunidades sentencias de la Corte (tal como ocurrió con el caso de la inhabilitación de Leopoldo López), ante las cuales el TSJ dictaminó: “No aplica”
UNASUR debe entender:
– La inmensa responsabilidad que tiene frente a la historia. Uno de sus miembros está al borde de un peligroso cataclismo. La economía del país está exangüe, la inflación es la más alta del mundo, la escasez atormenta a la población ante lo cual intenta ejercer su derecho de protestar, pero es confrontada por militares y paramilitares armados por el gobierno (suerte de Toton Macutes de la época de Duvalier que ahora andan motorizados)
– Que la libertad de expresión se encuentra severamente restringida como consecuencia del control del Estado sobre los medios, la censura y la autocensura.
– Que un gobierno que dice haber triunfado con un mínimo margen, no puede pretender imponer a la otra mitad (pasando por encima de la Constitución) un cambio de sistema que el pueblo rechazó expresamente en el referéndum del 2007.
– Que no puede imponer el gobierno un “Plan de la Patria” – marxista- que es contrario a la Constitución.
– Que es necesario renovar los miembros de los poderes públicos cuyos períodos están vencidos.
– Que no se puede gobernar por vía de Decretos leyes.
– Que vivimos en un estado de excepción no decretado.
– Que las torturas no son aceptables.
– Que sentimos que las intromisiones de Cuba en nuestro gobierno están amenazando severamente nuestra soberanía.
@josetorohardy