El lanzamiento del mecanismo “burocrático” para determinar quiénes compran expone un sistema “peligroso” y afina los trámites que abren escenarios “a un proceso de corrupción”. La base de datos enlaza con las intenciones de control, que asoman consecuencias como la famosa Lista Tascón, así lo publicó Yasmín Ojeda de La Verdad
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, aprobó la Tarjeta de Abastecimiento Seguro. Es la continuación de mecanismos financieros dirigidos y vigilados por el Estado. En 2010, el gobierno de Hugo Chávez lanzó la Tarjeta del Buen Vivir, con beneficios para comprar y pagos por viajes de turismo. Los usuarios acceden a servicios. En mayo de 2013 fue relanzada. Maduro aseguró la profundización con las compras a Mercal y la extensión del fondo de créditos, lo que para los analistas es un sistema de “control”. Es un “racionamiento” de la libertad de consumo.
En cadena nacional, con la presencia de trabajadores de las redes de distribución de alimentos, presentó la tarjeta que tendrá ofertas y premios. Hoy martes anunciarán el proceso, que contendrá data biométrica de los usuarios que podrán pagar las compras en Mercal, PDVAL y Bicentenario, lo que para los analistas es un sistema de “control”. Es un “racionamiento” de la libertad de consumo.
La inversión conllevará “más gastos” del Estado. El Gobierno aporta 20 millones de bolívares, un millón 300 mil dólares que salen de las cuentas del Ministerio de Alimentación. Ana Di Leo, economista, consideró que la política tiene “costos altos”. El plástico puede costar más de lo cotizado en un presupuesto normal. Lo destacado es que “la tarjeta no va al fondo del problema, al desequilibrio de la economía. Los alimentos seguirán faltando, las colas seguirán”.
El Gobierno resaltó el aumento de la demanda de bienes. Lo justifica por el incremento del ingreso y que el contrabando impacta en la adquisición de alimentos. Di Leo precisó que la inflación y la escasez contradicen las estadísticas oficiales. “Hay desequilibrio. La producción no es suficiente. Hay importaciones a precios subsidiados y eso alienta el contrabando”.