Un trabajo realizado por Cristina Marcano publicado en El País de España titulado: Las relaciones desmedidas entre La Habana y Caracas
Cuando el doctor Janoi González aterrizó en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, de Venezuela se sintió como si no hubiera salido de Cuba. “No había un solo venezolano, la estructura estaba dirigida por cubanos”, afirma refiriéndose a una parte de la zona bajo control militar conocida como Rampa 4, de exclusivo uso oficial. El experto en radiodiagnóstico, natural de Pinar del Río, entró al país un mediodía de diciembre de 2012 sin que sus documentos fueran revisados por autoridad venezolana alguna. “No hay chequeo de migración. Unos funcionarios cubanos te dan unas palabras de bienvenida, vivas a Chávez y a la revolución, y te ponen un cuño [sello] en el pasaporte”. Ese sello dice: “Válido solo Cuba Venezuela”.
Janoi González es uno de los miles de cooperantes enviados por La Habana a Venezuela y, como muchos de ellos, se vio sometido a unas pésimas condiciones de trabajo y a una vigilancia aún más estrecha que la que normalmente sufre en su país natal. “Se cobraba una basura: 1.200 bolívares [entonces 200 euros según el cambio oficial y 50 en el mercado negro]”. Carecía de libertad de movimientos y vivía hacinado. Al principio tuvo que compartir con seis personas una habitación de 20 metros cuadrados en un motel de Guanare, la capital agrícola de Venezuela. Luego, en la cercana Acarigua, eran “17 en cinco habitaciones, con un solo baño”, detalla por teléfono desde Estados Unidos, adonde escapó en 2013.
Si se observa detenidamente el mapa de América, Cuba luce como una pequeña lengua, un jirón de tierra que pareciera flotar a la deriva. Nada más lejos de la realidad. Anclada en una vieja dictadura comunista, la isla ha tenido claro dónde encontrar dólares para mantenerse a flote. En los últimos 15 años, esa lengua de 108.000 kilómetros cuadrados, con una de las economías más atrasadas, ha logrado saciar su apetito en Venezuela, un país nueve veces más grande, tres veces más poblado y con enormes recursos; entre ellos, las mayores reservas de crudo del mundo.
La Habana recibe diariamente de Caracas más de 100.000 barriles de petróleo en condiciones preferentes, que paga con trabajadores de la salud. Además, obtiene inversiones directas, créditos blandos, subsidios y millonarios contratos como intermediario de importaciones venezolanas de alimentos, bienes y equipos a terceros países.
No es todo. En este caso, la lógica de la historia según la cual los países más poderosos suelen influenciar políticamente a sus vecinos más pobres se ha ahogado en el Caribe. Aparte de una ayuda estimada en 8.700 millones de euros anuales, Cuba tiene un poder sin precedentes sobre el Gobierno de la mayor potencia petrolera de Sudamérica. Y otra excepción. No ha sido impuesto. Los cubanos no han tenido que disparar un tiro. Desde finales de los noventa comenzaron a cruzar los 1.450 kilómetros que los separan de Venezuela por invitación del presidente Hugo Chávez, quien puso su seguridad, su salud y mucho más en manos de sus camaradas antillanos.
Miles de cubanos trabajan hoy en la Administración pública venezolana. En la presidencia, ministerios y empresas estatales. Como burócratas, médicos, enfermeras, odontólogos, científicos, maestros, informáticos, analistas, técnicos agrícolas, de electricidad, obreros y cooperantes culturales. También en seguridad, inteligencia e, incluso, en las Fuerzas Armadas.
La mayoría son además milicianos. “Tenemos en Venezuela más de 30.000 cederristas cubanos de los 8,6 millones de miembros que tiene nuestra organización”, reveló en 2007 Juan José Rabilero, entonces jefe de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) cubanos, en un acto público en el Estado de Táchira, al oeste de Venezuela. Nada hace pensar que esa cifra haya disminuido. Aproximadamente el 70% de la población cubana forma parte de ese sistema de vigilancia y delación.
Los cubanos manejan el sistema de identificación de los venezolanos, sus cédulas de identidad y pasaportes; sus registros mercantiles y notarías públicas. Saben qué propiedades tienen y qué transacciones hacen. También codirigen sus puertos y tienen presencia en aeropuertos y puntos de control migratorio, donde actúan a sus anchas. La firma cubana Albet, SA, de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), que maneja los sistemas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), tiene tanto poder que no permite el acceso de venezolanos al último piso de la sede central del servicio en Caracas. También son cubanos los sistemas informáticos de la presidencia, ministerios, programas sociales, servicios policiales y de la petrolera estatal, PDVSA, mediante la empresa mixta Guardián del Alba.
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