Gonzalo Himiob Santomé: Los patrones

thumbnailgonzalohimiobYa antes he tratado de hacer el ejercicio de ponerme en los zapatos del gobierno y de tratar de comprender, que no avalar, desde su perspectiva, cuál es el sentido de sus acciones. A final de cuentas, si de luchas hablamos, todas comienzan por conocer al opuesto. En los últimos dos meses, vista la brutal represión que se ha dado en nuestro país contra todo aquel que proteste contra las erradas políticas de Maduro a todo nivel, he tratado con ahínco de “ponerme en el lugar del otro”, no para justificar –eso es imposible- pero sí al menos para entender, hacia dónde se dirige y cuáles son los objetivos finales de tanta barbarie.

A estas alturas, y vistos los claros y reiterados patrones que se constatan en la desmedida actuación del poder cuando lidia con manifestantes que son criminalizados, no creo que haya quien pueda negar, salvo que sea preso de un inmenso cinismo, que la represión que se padece responde a una planificación minuciosa que impone unos lineamientos precisos, todos dirigidos a dos cosas: Por una parte, crear una “narrativa” oficial, completamente alejada de lo que en verdad ocurre, en la que los “culpables” de toda la violencia y del caos son los opositores, que en consecuencia son “delincuentes”; mientras que las instituciones, los cuerpos de seguridad y los civiles armados que actúan violentamente contra otros ciudadanos al amparo del poder, no son más que “víctimas heroicas” de todo lo que acontece. Por la otra, se busca generar miedo, mucho miedo, en quienes se atrevan a alzar la voz contra cualquier desafuero del gobierno.

¿Cuáles son estos patrones de que les hablo? Son varios, por razones de espacio voy a esbozar algunos brevemente. En primer término, cuando se produce cualquier manifestación contra el gobierno, sea pacífica o no (esto no parece ser del interés de los cuerpos de seguridad, que desbocan su fuerza contra cualquier expresión disidente) se activan mecanismos policiales y militares que en cada una de las detenciones que nos ha tocado manejar o monitorear (hasta el momento de la redacción de esta columna, eran 1943 a nivel nacional, reportadas al Foro Penal Venezolano) involucran excesos en el uso de la fuerza. Éstos van desde el abuso de la fuerza física, incluso contra manifestantes ya sometidos, hasta el uso de armas de fuego, de sustancias tóxicas y de otros medios ilegales y prohibidos por la Constitución para la dispersión de las manifestaciones.

Otra constante importante que vale la pena rescatar es que el grueso de las detenciones se dirige contra un grupo poblacional bien definido: El de los estudiantes. De las 1943 detenciones antes señaladas (reitero, al momento de redactar esta entrega) 1645 se ejecutaron contra estudiantes. Esto arroja que el 84.66% de las detenciones y “retenciones” ilegales se han producido contra estudiantes. Hasta el momento en el que hago el corte, 87 personas han sido privadas de su libertad y sometidas a juicio penal, de las cuales el 81,60% (71) son estudiantes. Por otra parte, además de las anteriores, tenemos que también se ha sometido a medidas cautelares, que también implican la apertura de procesos penales formales, a 1022 personas, de las cuales 857 (el 83,85%) son estudiantes. Esto arroja una clara tendencia, que no puede ser casual, en la actuación de los cuerpos de seguridad: La orden es la de detener estudiantes, o en incluso en casos extremos, al que “parezca” estudiante, a despecho de que esté o no participando en alguna protesta. Muy poco “progresista” esto, por cierto.

Nótese bien este otro dato: En total, según nuestros reportes, en menos de dos meses, 1109 personas han sido formalmente criminalizadas, esto es, sometidas a procesos penales, por participar en las recientes protestas. Aún cuando puedan existir casos en los que alguna persona haya excedido los límites del ejercicio legítimo de la protesta, el más elemental sentido común nos demuestra que no es posible que tantas personas en tan poco tiempo sean tenidas como criminales por los mismos hechos. Algo no está bien. Todo esto lo que evidencia un claro uso del sistema de justicia para estigmatizar a quienes se oponen al gobierno como delincuentes.

Pero hay más. Luego de que las personas son detenidas ocurren varias cosas llaman la atención. En casi todos los casos se incomunica a los detenidos y no se les permite tener contacto ni con sus familiares ni con sus abogados, ni siquiera cuando son menores de edad. Esto se repite en todo el país, e incluso tenemos registrados casos en los que se amenaza con meter presos a los abogados defensores si insisten en conversar con sus representados. Sólo podemos hablar con ellos pocos minutos antes de las audiencias, y en condiciones deplorables, lo que hace que sea virtualmente imposible ejercer una defensa cabal y completa. La cosa es tan grave que al principio ni siquiera los representantes de la Defensoría del Pueblo se les permitía comunicarse con los detenidos, y en el SEBIN, sencillamente, no se deja a nadie, ni siquiera representantes de instituciones públicas, comunicarse con los detenidos, bajo ninguna circunstancia.

Mientras están detenidos, además, contra todos los que hemos podido asistir se han concretado vejaciones que van desde los insultos, humillaciones y amenazas, hasta los golpes, los maltratos físicos y las violaciones. En los casos de las mujeres detenidas, la amenaza común es de índole sexual, y a todas se les tortura indicándoles que “serán violadas” o que “las van a meter con los presos comunes” para que las violen. En el Estado Lara, seis mujeres, incluida la madre de una de ellas, fueron desnudadas, en la GNB, y a todas se las amenazó con “violarlas”, se las humilló y les cortaron el cabello. A la madre de una de las muchachas hasta le afeitaron las cejas. Todo esto ya fue denunciado ante la Fiscalía.

Otro grave proceder tiene que ver con los atentados generalizados contra la propiedad de los detenidos. A todos se les “incautan”, al momento de ser aprehendidos, sus posesiones (celulares, cámaras, dinero en efectivo y, en algunos casos, hasta sus motos) y luego de ello, en la mayoría de los casos, no se deja constancia de ello en las actas respectivas. Por supuesto, luego de esto, es imposible recuperar tales bienes. Se trata, en toda ley, de robos descarados, ejecutados con saña por quienes se sienten “intocables” y saben que, lamentablemente, la regla ante tales abusos será la impunidad.

Además, en todos los casos, lo único que se lleva a los tribunales contra los detenidos como “evidencia” de los supuestos delitos cometidos es un Acta Policial, muy mal elaborada, en la que lo único que consta es el dicho de los funcionarios aprehensores. Nada más.

De todo esto se ha dejado constancia para la historia en las actas de los respectivos expedientes. Lo lamentable es que, al parecer, ni siquiera poniéndolos en evidencia, terminan los abusos que acá se describen. Esto es inaceptable y debe llamarnos, a todos, a la reflexión.
@HimiobSantome