Diecinueve muertos y 72 heridos de bala. El 11 de abril de 2002 marcó antes y después de la reciente historia político judicial del país. A juicio de los entendidos, las razones políticas impusieron e imponen las condenas. El origen y consecuencia de los hechos se mantienen intactos 14 años después, aunque con el doble de fallecidos a casi dos meses de iniciarse las protestas de calle contra el llamado régimen bajo la figura del Socialismo del Siglo XXI.
Marianela Ágreda Armas/El Carabobeño
Por los hechos registrados en el Puente Llaguno fueron a juicio 15 ciudadanos. Cuatro de ellos adeptos al oficialismo, se mostraron en fotos y videos disparando desde Puente Llaguno. El juicio fue radicado en Aragua. Richard Peñalver, Henry Atencio Atencio, Rafael Cabrices y Nicolás Rivera Muente conocidos como los “Pistoleros de Puente Llaguno” fueron absueltos al concluir la audiencia oral y pública al no demostrarse responsabilidad en ninguna de las 19 muertes.
Ocho funcionarios de la Policía Metropolitana también fueron aprehendidos por su supuesta participación directa en los hechos. A la causa de los PM se les acumuló la detención de los comisarios Henry Vivas y Lázaro Forero, directores de la Policía Metroplitana y del comisario Iván Simonovis, secretario de Seguridad de la Alcaldía Mayor que estaba en manos del opositor Alfredo Peña. La historia judicial para ellos fue diferente. 30 años de cárcel, la pena máxima en el país por supuestamente facilitar las armas y haber dado órdenes de disparar.
Hay un gran desequilibrio político. Las razones políticas imponen la condena porque no hay causas de tipo jurídico, aseguró el abogado José Luis Tamayo, representante de Simonovis quien aún permanece detenido sin que exista pronunciamiento judicial sobre la medida humanitaria por razones de salud.
El litigante sostuvo que en Venezuela hay tratamientos judiciales distintos en casos similares. “Cuando los imputados son afectos al Gobierno, el tratamiento es completamente benigno en comparación con quienes no lo son”. Recordó que el exmagistrado Eladio Aponte Aponte lo denunció en marzo de 2012, al referirse a una justicia de plastilina que se moldea a conveniencia.
Doce años después, como lo refiere Tamayo, hay hechos con similitudes en la práctica que no tienen respuesta judicial. No hay detenciones y mucho menos culpables. Desde el 12 de febrero cuando iniciaron las acciones de protesta en Venezuela contra el mismo Gobierno pero ahora liderado por Nicolás Maduro, 39 venezolanos han perdido la vida. 579 son los lesionados y dos mil 278 aprehendidos, mientras que 190 permanecen privados de libertad según las últimas cifras del Ministerio Público.
Abundan denuncias sobre abusos y excesos de funcionarios de seguridad durante las protestas. El mismo 12 de febrero en la esquina Tracabordo de La Candelaria, se registró el primer fallecido, Bassil Dacosta (23). Testigos aseguran que funcionarios del Sebin acompañados de otros vestidos de civil, y con un contingente de la Guardia Nacional Bolivariana en la retaguardia, arremetieron a tiros contra los manifestantes. No se ha determinado responsable en la muerte.
Un funcionario de la GN también es señalado en otro homicidio. El 22 de febrero la estudiante Geraldine Moreno falleció por heridas de perdigones de metal en el rostro. El hombre que le disparó en la cara cuando la joven cayó en el sector Tazajal de Naguanagua, aún no ha sido identificado. Tampoco hay responsable de la muerte de la modelo Génesis Carmona, a quien una bala en la cabeza le cegó la vida en la avenida Cedeño de Valencia el 18 de abril cuando grupos afectos al oficialismo dispararon contra la manifestación. Muchos condenaron la orden que el gobernador Francisco Ameliach anunció a través de su cuenta Twitter dos días antes: “UBCH a prepararse para el contra ataque fulminante. Diosdado dará la orden”.
Según Tamayo, tenemos condenas insólitas y aparte esta justicia la han hecho mas punitiva que el Código de Enjuiciamiento Criminal.