El debate realizado en cadena nacional el jueves 10 de abril de 2014, entre el gobierno y la Unidad Democrática sirvió para evidenciar varias cosas. Entre estas, la enorme orfandad intelectual y discursiva de quienes dirigen al gobierno. Era realmente decepcionante observar a José Pinto del Movimiento Tupamaro recitar al caletre la tesis, por lo demás elemental, de Mao Tse Tung sobre La Contradicciones en el Seno del Pueblo y creer que ella pueda tener alguna utilidad actualmente. Y también a Blanca Eckout gritar rudimentos de materialismo histórico, que ni ella misma ha interpretado. Después que intervinieron todos los cuadros del PSUV, incluyendo a Diosdado Cabello, cuya ira manifiesta lo encegueció, yo concluyo que tuvo razón Chávez al escoger a Muduro como su sucesor. Tuvo razón por que en medio de tantos damnificados ideológicos, Maduro, con todas sus limitaciones que él mismo reconoce, lo hace mejor que todos los demás juntos.
De verdad fue una real paliza la propinada por los oradores de la Unidad Democrática a unos directivos del PSUV que no salían de los lugares comunes y las frases hechas. Pero donde más obvio resultó la revolcada fue cuando se hizo referencia al “modelo económico” seguido y aplicado por el PSUV. Sobre este punto los argumentos de Roberto Enríquez, desde el punto de vista jurídico y del diputado Omar Barboza desde el ángulo económico fueron irrebatibles. A lo que se agregó las explicaciones del economista Simón Calzadilla quien increpó a Rafael Ramírez, vocero del PSUV, a cerca del hecho de que un proyecto político que pretendía hacer de Venezuela una potencia energética, sus ciudadanos hoy no consiguen una bombona de gas para cocinar. También le preguntó Calzadilla a Ramírez por la lista de quienes estafaron al país con mercancías sobre facturadas por más de US$ 20.000 millones, durante 2013. Para esas interrogantes no hubo respuestas ni las habrá.
¿En qué ha consistido lo que el PSUV denomina el modelo económico? Aunque ellos mismos, por sus limitaciones, no han elaborado un par de líneas medianamente coherentes sobre el tema, un ejercicio de interpretación permite extraer las siguientes cuatro características sobre el mismo.
En primer lugar, el modelo ha consistido en la ampliación del rol del Estado en la economía, hasta el punto de hacerlo el propietario de los medios de producción fundamentales de la economía. Ello ha implicado un aumento del papel del sector público como empresario a expensas del gasto social. Como resultado, el déficit fiscal ha aumentado con su efecto en una acumulación significativa deuda pública para financiar el conglomerado de empresas estatales ahora en bancarrota.
En segundo lugar, el modelo ha visto al petróleo como una fuente de ingresos fiscales con el elevado costo de haber sacrificado la producción de crudos y derivados. Así, en medio de precios extraordinariamente elevados, el gobierno optó por reducir la inversión en petróleo y apostar al alza sostenida de los precios con el objeto de obtener ingresos fiscales. Ello ha provocado una caída de 1,0% promedio anual en la actividad petrolera entre 1999 y 2013 y en crecientes importaciones de gasolina y otros derivados del petróleo que en 2013 totalizaron más de US$ 12.000 millones.
El tercer componente es la sustitución de la política macroeconómica por controles de precios y de cambio. Con el alza de los precios, el gobierno desde 2003 valoró que con la recurrencia a sendos controles a los precios de los bienes y del cambio podría conjurar la inflación. Se topó el gobierno con lo que prescribe cualquier texto de economía: al implantarse un control del precio, el resultado es la escasez y con el control de cambio se produjo lo inevitable: la corrupción generalizada. Agotado ambos controles, el gobierno se ha movido hacia las autorizaciones de facto para que se aumenten los precios mientras que la política cambiaria se ha tornado literalmente inmanejable.
Finalmente, el modelo procuró sustituir a los grupos económicos tradicionales por otros supuestamente nuevos. Se conformó así la llamada boliburguesía, a la sombra del generoso gasto público, el cobro de comisiones, el porcentaje corruptor y el tráfico de influencias para capotar los dólares preferenciales.
No puede dejar de mencionarse, como trasfondo de ese modelo descrito, la ampliación de la capacidad distributiva del Estado, con miras a enfatizar el control político sobre los sectores más pobres de la sociedad.