“Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo.
Puedes engañar a algunos todo el tiempo.
Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”
Abraham Lincoln.
Casi tres meses de protestas continuas en Venezuela han permitido desnudar ante el mundo el talante antidemocrático y dictatorial del gobierno de Maduro. No hay discurso o chiste malo, medida populista o entrevista en medios extranjeros que permita desvirtuar las imágenes que recorren el mundo de estudiantes reprimidos salvajemente; del uso de armas de fuego por parte de órganos de seguridad del Estado y de irregulares custodiados por quienes deberían impedir su accionar; de madres desesperadas llorando a sus hijos por el solo hecho de soñar con un futuro mejor; de líderes presos por delitos cometidos por el Estado; de Parlamentarios vedados del ejercicio de sus funciones de control político por contrariar al gobierno; de miles de detenidos incluidos menores de edad; de periodistas robados, golpeados y privados de libertad por ejercer su profesión; de militares presos por negarse a violar los derechos humanos de los manifestantes; de un Poder Judicial presto para avalar cualquier transgresión del Ejecutivo nacional en la esfera jurídica de los ciudadanos bajo la interpretación constitucional que convenga; de testimonios de tortura, desapariciones y asesinatos; de allanamientos ilegales y del uso de la justicia como instrumento intimidatorio contra médicos, abogados y voluntarios que se disponían a asistir a estudiantes y demás manifestantes.
Nada de lo anterior puede borrarse del pensamiento público con cadenas y propaganda falsa, con declaraciones aisladas de personas o gobiernos que están en la nómina del Estado venezolano, ni con apariencias de diálogo, ya es una verdad reconocida internacionalmente que el gobierno de Maduro viola sistemáticamente los derechos humanos en Venezuela bajo el enfermizo afán de sostenerse en el poder a costa de lo que sea necesario.
El gobierno de Maduro, sintiéndose perseguido por sus actos, viendo como simultáneamente se habla sobre la actitud criminal de los titulares de los poderes públicos en Venezuela en instancias de peso mundial como el Parlamento Europeo o el Congreso de Estados Unidos, entre muchos otros, y ante el miedo de que sigan proliferando denuncias ante la Corte Penal Internacional por la violación de los derechos humanos como la que fuere introducida por un grupo de parlamentarios latinoamericanos, se le ocurre una nueva bufonada, otra táctica dilatoria para correr la arruga de sus crímenes y prorrogar su permanencia en el poder, la creación de un Consejo Nacional de Derechos Humanos.
Dicho Consejo, instalado hace un par de días en la ciudad de Caracas, está integrado por 13 personas, entre ellas el Vicepresidente Jorge Arreaza; el ministro del Interior, Justicia y Paz Miguel Rodríguez Torres; la Defensora del Pueblo Gabriela Ramírez Pérez; la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia Gladys Gutiérrez, adscrito al Poder Ejecutivo Nacional y con el objeto de “coordinar la actuación de los órganos del Estado y organizaciones no gubernamentales en materia de Derechos Humanos”, según declaró Arreaza.
El mayor problema de haber actuado como tontos (permitiendo a Maduro asumir la presidencia en circunstancias tan irregulares, al no exigirle que muestre su partida nacimiento y al aceptar que hable de la implantación de políticas públicas para resolver nuestros males: seguridad, desabastecimiento y corrupción entre los que encabezan la lista, como si se tratara de un recién llegado y no hubiese formado parte de los 15 años de desgobierno), es que Maduro y el régimen ahora de verdad cree que somos tontos y nos trata como tales, y en gran medida lo merecemos.
Por estar seguro de que somos tontos nos dicen que la inseguridad es culpa de los videojuegos y Hollywood y que es una sensación pero no una realidad; que el desabastecimiento de comida se resuelve con una tarjeta de racionamiento; y que es impropio hablar de devaluación sino de reorientación cambiaría, entre tantas otras ilusiones que nos han pretendido endosar. Lo triste es que un grueso del país sigue aceptando por fanatismo, unos y por omisión, otros (quien calla otorga) esas mentiras, siguen cumpliendo su rol de tontos, les aplica el proverbio árabe de “la primera vez que me engañes, será culpa tuya; la segunda vez, la culpa será mía”.
Sobre la base de ello, hoy el gobierno pretende desvirtuar 42 muertos, mas de 700 heridos y 145 denuncias por torturas y tratos crueles creando un Consejo integrado por quienes deberían ser los investigados, un Consejo de Violadores de Derechos Humanos.
-Rodríguez Torres es quien dirige a los órganos de seguridad represivos, funcionarios del SEBIN han sido grabados disparando a manifestantes y son incontables los testimonios gráficos de policías nacionales agrediendo de modo injustificado y desproporcionado a sociedad civil;
-Jorge Arreaza en representación de un Ejecutivo Nacional que decidió, en desprecio de los derechos humanos, retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en septiembre del 2013;
-Gabriela Ramírez quien semánticamente trato de restar responsabilidad a funcionarios militares y policiales dando unas polémicas declaraciones sobre el uso de la tortura y se desempeña como defensora del Estado y no del pueblo;
– Luisa Ortega quien solo actúa cuando los afectados son simpatizantes del gobierno pero avala la impunidad en caso inverso (por citar un ejemplo reciente está la captura en dos días del asesino de Otaiza o la aprehensión inmediata de los sujetos que riñeron con Winston Vallenilla versus la ausencia de responsables en el 90 por ciento de las 42 muertes en las protestas; y
-Gladys Gutiérrez como Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y de la Sala Constitucional que en materia específica de derechos humanos, por sentencia 1265 del 05/08/08 sostuvo que “de existir una antinomia entre el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre DDHH y la Constitución venezolana, la prevalencia del tratado internacional no es absoluta ni automática, como expresamente lo ordena el artículo 23 del texto constitucional”, desconociendo con ello la Sala las obligaciones del Estado venezolano emanadas de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, justificando el desacato de fallos dictados por la CIDH contra el gobierno venezolano y reescribiendo una vez más la letra de la Constitución de la República.
¿Qué viene después? ¿Le van a dejar la reforma del Código Penal a los “pranes”, la designación de los nuevos rectores del CNE a la Junta Directiva del PSUV o de los nuevos Magistrados del TSJ a la banda de los enanos?. Si en algo es hábil este gobierno es en usar a su favor hasta lo que en principio pudiera afectarle. Lo demostraron recientemente inhabilitando de sus función legislativa a María Corina Machado en una acción judicial que precisamente buscaba preservarle ese derecho, de allí que nada bueno puede esperarse de este Consejo. Lo que en apariencia evaluará las denuncias contra violaciones de derechos humanos, las cuales serán conocidas y resultas por los denunciados, mucho me temo que solo servirá para tratar de coartar y penalizar la actuación de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) en materia de derechos humanos, gracias a las cuales, en especial el Foro Penal Venezolano (cuya labor ha sido encomiable haciendo un seguimiento exhaustivo a todos los detenidos, prestándoles asistencia legal gratuita, llevando las estadísticas y documentando los casos de violaciones y torturas que tienen a este régimen en jaque mate), no es infinitamente mayor el número de muertos y desaparecidos en nuestro país por pensar distinto y decir a Maduro ¡Basta ya! de violar impunemente la Constitución y de exponernos y tratarnos como criminales por exigir nuestros derechos.
En definitiva este Consejo Nacional no es más que un reconocimiento tácito del fracaso de los titulares de los Poderes Públicos en materia de garantías y protección de derechos humanos, son ellos los constitucionalmente responsables e integrar esta nueva asociación de verdugos, oda al cinismo y desfachatez, no los exime, ni de su omisión en proteger a los ciudadanos, ni de la responsabilidad de sus acciones, en muchos casos bajo autoría intelectual de esas torturas, desapariciones y muertes. De ellos no se espera nada, de ti sí ¿vas seguir de tonto por allí hasta que sea demasiado tarde?
En derecho existe un principio que dice que nadie puede alegar su propia torpeza “nemo potest propriam turpitudinem allegare”, ser o hacerte el tonto no te eximirá de responsabilidad cuando tus hijos conozcan esta historia y te pregunten qué hiciste, o cómo pudiste creer que el desabastecimiento no te afectaría por tener un contacto en un supermercado que te conseguía los bultos de harina pan sin hacer cola, o que la inseguridad no te iba a tocar por tener un carro blindado; en ese momento serás solo tú, tus hijos, tu conciencia y una realidad que ya no podrás cambiar si no haces nada ahora. “La conciencia hace que nos descubramos, que nos denunciemos o nos acusemos a nosotros mismos, y a falta de testigos declara contra nosotros” Michel de Montaigne.
Abogado venezolano con experiencia en derecho administrativo y electoral. Twitter: @mmoros