Tras la admisión de cinco de los seis delitos impuestos por el Ministerio Público (MP), el Tribunal N° 5 de Control, a cargo de la jueza, Everlin Campos, acordó privativa de libertad contra siete jóvenes, detenidos la noche del lunes en Residencias Los Olivos, en Puerto Ordaz, publica Correo del Caroní.
José Gregorio Pinto, de 20 años y comerciante independiente; al igual que Roger Fernández, de 18, y estudiante de primer semestre de Comunicación Social, en la UCAB; Nelson Goitia Deyande, de 18, y estudiante de quinto año de bachillerato en el Gonzalo Méndez; Leonard Alejandro Cano, de 18 años; y Dennis Misael Vargas Espinoza, de 18, quien además de ser vigilante del conjunto residencial es estudiante de Mecánica en el Iutirla les fueron imputados por el fiscal N° 2, Miguel Medina, los cargos de: detentación de artefactos explosivos, agavillamiento, obstaculización de vías públicas, instigación pública y resistencia a la autoridad.
Los cinco hombres permanecerán recluidos en el Centro de Coordinación Policial (CCP) Vista Hermosa, en Ciudad Bolívar. Las jóvenes Zoraima Rodríguez, de 18, y estudiante de primer semestre de Diseño Gráfico, en el Iutirla, y Karla Bello, de 19, y estudiante de cuarto semestre de Banca y Finanzas, en la UNEG, quedarán detenidas en el CCP Agua Salada, mientras el MP, en un lapso no mayor de 45 días, investiga el procedimiento realizado por funcionarios vestidos de civil que, al momento de la detención, trasladaron a los muchachos en un vehículo particular hasta el Comando Regional N° 8 de la GNB.
La audiencia de presentación de estos jóvenes, realizada en el CCP Guaiparo, fue diferida en dos oportunidades, hasta la noche de este viernes, cuando se emitió el dictamen. La decisión causó aflicción en familiares y en amigos de los detenidos.
“Yo sé que en este país no existe la justicia, pero no pararé de luchar por mi hijo. Si es preciso me encadenaré a las rejas de lo que llaman Palacio de Justicia, pero a mi hijo no lo voy a dejar solo, ni a él ni a esos niños que hoy también están pagando por algo que no hicieron. A ellos los secuestraron, no estaban en guarimbas”, afirmó con lágrimas Raquel Deyande, mamá de Goitia, frente al CCP Guaiparo, en San Félix.
También en llanto, María Espinoza, madre de Dennys Vargas, aseveró: “A mi hijo se lo llevaron cuando estaba comiendo, él no vive en esa zona, estaba de guardia de 6:00 de la tarde a 6:00 de la mañana (…) Dennys estaba trabajando como vigilante de ese conjunto residencial, nosotros vivimos en Cristóbal Colón (San Félix), nada tiene que ver mi hijo con protestas. Esto es una total injusticia. Con esta decisión están destruyendo a nuestros hijos, son personas sanas que encarcelándolas lo que buscarán es convertirlos en delincuentes”,
En compañía de sus otros hijos, Espinoza estuvo en Guaiparo hasta después de que trasladaron a los detenidos, sacados a escondidas de sus parientes, por la parte posterior del centro de policial.
“No hay elementos”
Uno de los abogados defensores, Luis Manuel Guevara, relató que “al momento de las detenciones llegó un grupo armado al urbanismo y se los llevaron detenidos cuando estaban en un puesto de hamburguesas. Entre los jóvenes está el vigilante de la zona, quien tiene más de cuatro meses trabajando en el lugar, estaba uniformado. No se les hallaron elementos que los incriminen”.
“¡Cómo es posible que el Palacio de Justicia esté tomado por dos tanquetas y varios militares (desde el martes) y se tengan que hacer las audiencias fuera del Palacio de Justicia! Esto es violatorio al debido proceso, la gente debe ser juzgada en la jurisdicción civil”, acotó el jurista.
Con estos siete detenidos, son 21 las personas privadas de libertad en Ciudad Guayana desde que iniciaron las protestas en febrero. Todos los detenidos permanecen recluidos en diversos centros de reclusión del municipio Heres