Para Rafael Narváez, especialista en DDHH, el país se encuentra en un estado de “indefensión” en la materia. La disfuncionalidad de las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos, es a juicio del experto, la principal causa de la “crisis nacional de DDHH”, publica La Verdad.
Por Verónica Albarrán / Maracaibo / [email protected]
Las denuncias de violaciones a los derechos humanos mantienen ocupados a los especialistas. Han transcurrido 90 días en los que a diario surgen nuevos casos, irregularidades y víctimas. Hoy, a tres meses del inicio de las jornadas de protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro, Rafael Narváez, defensor de los DDHH, asegura que el país vive la “peor crisis” en esta materia.
“Hemos visto cómo se han ido agravando paulatinamente los excesos policiales, el uso de gases tóxicos y sustancias tóxicas vencidas, el uso de armas de fuego y ahora estamos observando que son los militares los que tienen los poderes y son quienes deciden cuándo allanan, a quién persiguen, a quién detienen. En Venezuela se vive un estado de excepción de gota en gota y que sin duda alguna va a empeorar”.
El experto cuestiona las actuaciones de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público. Explica que con el agravante de la salida de la nación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Venezuela se encuentra en un estado de “indefensión”. Advierte que este escenario es idóneo para la violación sistemática de DDHH.
Detenciones arbitrarias
Narváez rechaza los allanamientos “masivos” registrados en los últimos días en distintas ciudades del país. A su juicio, se trata de procedimientos inconstitucionales, con los cuales los organismos del Estado buscan efectuar “detenciones arbitrarias en masa”. Detalla que en dichas actuaciones pueden llegar a violarse más de seis derechos humanos.
“Unas visitas domiciliarias que están basadas en acciones que violentan la privacidad de las personas, cuando previamente se encargan de llevar información a los militares, a los policías, que revelan donde están los estudiantes, donde viven, donde duermen, entonces proceden a unos allanamientos que violentan el derecho al domicilio, cuando ni siquiera presenta una orden judicial”.
El especialista se refiere con preocupación al trasfondo político, a las irregularidades que rodean los procesos judiciales de quienes han sido aprehendidos en los allanamientos efectuados en los últimos días. “Una vez que son detenidos en estos allanamientos al margen de la ley se les violenta el derecho a la defensa, al debido proceso, incluso el derecho a comunicarse con sus abogados y familiares”.
“La parte oscura de la justicia es la impunidad y esa impunidad es precisamente la que en este momento reina en el Gobierno, cuando de derechos humanos se trata”
Rafael Narváez. Defensor de derechos humanos
Diálogo vs. Represión
El Gobierno venezolano inició hace un mes unas mesas de diálogo con dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en la que participan como “terceros de buena fe” los cancilleres de Colombia, Ecuador y Brasil y el Nuncio Apostólico.
Las conversaciones buscan lograr acuerdos que ayuden a aliviar las tensiones que vive el país y que se demuestran con las protestas que desde el pasado 12 de febrero se desarrollan en el país.
Pero desde el inicio de las conversaciones el Gobierno arreció la represión en contra de los jóvenes que se mantienen en las calles protestando y exigiendo respuestas, el grupo que encabeza las manifestaciones desde el 12 de febrero.