Establecen mecanismos para atender a afectados por estafa de concesionario

Establecen mecanismos para atender a afectados por estafa de concesionario

El jefe del Órgano Superior para la Defensa de la Economía, Hebert García Plaza, informó este sábado los mecanismos establecidos para atender a los afectados por la presunta estafa del concesionario La Venezolana.

AVN

El Gobierno nacional detectó la presunta comisión del delito de estafa por parte del concesionario, ubicado en la carretera Panamericana del estado Miranda, que ofrecía vehículos que aún no estaban en el país a 5.956 personas, quienes pagaron una inicial de 30% para la adquisición del bien, lo que representa para la empresa un ingreso de 992 millones de bolívares.

A través de su cuenta en Twitter @HgarciaPlaza, precisó que “el procedimiento ya pasó a Fiscalía, para tomar las medidas y sanciones, ajustadas a las leyes”.

En otros mensajes, indicó que aquellas personas que quieran el reintegro de su dinero, podrán hacer el reclamo por el propio concesionario.

Asimismo, apuntó que el Estado, a través de los Ministerios para Industrias y para el Comercio ofrecerá próximamente vehículos del Programa Chino a los usuarios y usuarias afectados por la presunta estafa.

Más temprano en transmisión de Venezolana de Televisión (VTV), este sábado García, Plaza explicó que tras una investigación se descubrió que la empresa no ha hecho ningún trámite para la importación de vehículos, de los cuales solo hay unos pocos que son usados para ser exhibidos en el concesionario.

Igualmente indicó que los clientes tampoco recibieron el documento notariado que corresponde al depositar la inicial; en su lugar les fue otorgado un recibo, por lo que el 30% se convierte “en un cupo para la compra de estos vehículos”.

Además, señaló que estos clientes depositaron 15 mil bolívares adicionales por concepto de accesorios, los cuales la empresa debe adquirir obligatoriamente con la compra del vehículo.

Adelantó que la empresa será ocupada y se abrirá un procedimiento legal por la presunción de la comisión del delito de estafa.

“Este negocio tiene fachada legal, publicidad en los medios de comunicación e incluso utilizan la figura del Estado como si el Gobierno estuviera detrás de esta comercialización para engañar al pueblo”, denunció.

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