¿Siete años después del cierre de RCTV se han democratizado las comunicaciones en Venezuela? ¿Tenemos los venezolanos una mejor oferta de servicios de radio-televisión? ¿Se garantizan el pluralismo y la diversidad de la opinión política en los medios de comunicación del país? Interrogantes retóricas de este tenor pueden llenar el espacio de esta nota, todas conducentes a una sola y única respuesta: hoy los venezolanos, luego de transcurridos siete años del cierre de RCTV, estamos virtualmente enmudecidos, cada vez más aporreada la libertad de expresión y más limitados en nuestros derechos constitucionales a la información.
Aunque el difunto presidente que legó el poder a Nicolás Maduro, con su talante autocrático y atorrante, ya había anunciado a viva voz la verdadera motivación censora de la medida: “No habrá nueva concesión para ese canal golpista que es RCTV”, funcionarios y voceros políticos del régimen hicieron maromas para justificar el cierre apelando al “vencimiento” de la concesión y bajo el supuesto desiderátum de “democratizar” las comunicaciones en Venezuela, y en esa medida disfrazar el perverso plan de acoso y criminalización del ejercicio de la libertad de expresión que el mismo gobierno califica de hegemonía comunicacional.
Desde mayo de 2007 hasta este mayo de 2014 es mucha el agua que ha corrido en materia de comunicación. He calificado como “cerco rojo” las acciones de orden legal, económico, político y la jurisprudencia que ha puesto en marcha este gobierno para asfixiar la libertad de expresión y el derecho a la información de los venezolanos, convencido como estoy de que el régimen legado a Maduro por el llamado comandante galáctico es absolutamente incompatible con la existencia de medios libres, con políticas editoriales e informativas independientes, verbigracia Cuba.
Desde Conatel, como brazo político del régimen en materia de comunicación, amparado en la amplia discrecionalidad que ofrece la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos; con una jurisprudencia hecha a la medida (sentencias 1013 y sentencia 1942); con la utilización discrecional del enorme poder del gobierno para utilizar las pautas de propaganda para castigar o premiar políticas editoriales e informativas contrarias o complacientes según sea el caso; con procesos legales contra periodistas y medios; con la negativa o los obstáculos para acceder a las fuentes informativas; con el empleo cada más frecuente y abusivo de las cadenas oficiales, hoy los venezolanos estamos sometidos a un absoluto blackout informativo.
Bajo el mandato de Maduro el negro panorama de los medios de información se ha hecho más oscuro. Los acontecimientos políticos que se han desatado a partir de la criminal represión de la manifestación del 12 de febrero de este año demostró la saña perversa de los cuerpos policiales contra periodistas, reporteros gráficos y fotógrafos, clara expresión no de incidentes ocasionales, de extralimitación de funcionarios, sino de una política sistemática decidida en instancias superiores. Entre otros casos de persecución judicial, ha sido penosamente relevante el caso de la demanda contra el consejo editorial del diario Tal Cual y contra uno de sus columnistas por un artículo de opinión. Este nuevo atentado a la libertad de expresión tiene el agravante de que el juez decide unas medidas cautelares que adelantan la pena de un presunto delito: prohibición de salida del país y régimen de presentación a distinguidos ciudadanos con arraigo en el país. A todo el elenco de limitaciones que se han puesto en práctica a lo largo de estos años, hay que agregar las recientes adquisiciones de medios de comunicación, de transferencias de propiedad en situaciones bastante opacas que según algunos analistas políticos enmascaran la adquisición por miembros de la nomenclatura oficial o de sus testaferros.
Toma particular relevancia la extensión del cerco rojo a los medios de comunicación impresos, que si bien eran afectados por algunas de las condiciones negativas comunes a los medios audiovisuales, ahora son víctimas de las limitaciones para la adquisición de divisas para proveerse del papel necesario para sus ediciones ordinarias.
Con el cierre de RCTV, luego de estos siete años queda evidenciada la argucia oficialista para sacar del aire a un medio con una política editorial adversa. Pero, sobre todo, queda en evidencia la burla y la mora con el mandato constitucional consagrado en el artículo 108, la responsabilidad del Estado en la concreción de un servicio público de radio-televisión no gubernamental.
El triste y lamentable panorama que apreciamos a los siete años de RCTV se agrava con el hondo nivel de degradación de la programación de los canales oficiales, dedicados al culto de la personalidad, a la criminalización de la opinión, a la descalificación del adversario y al sapeo puro y duro.