OEA debate inclusión social en uno de los países más desiguales de América

 

– La desigualdad es “una materia pendiente” en Paraguay, país que acogerá la próxima semana la 44 Asamblea General de la OEA precisamente bajo el lema “Desarrollo con inclusión social”, según el secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Enrique Gauto.

“Los niveles de desigualdad social en Paraguay están en franco aumento”, incentivados por unos impuestos que gravan más a los que menos tienen y por una baja inversión social, según dijo a Efe el secretario ejecutivo de la coordinadora, que agrupa a 31 organizaciones sociales paraguayas.

A pesar de un crecimiento económico ágil en la última década que ha contribuido a reducir la pobreza, Paraguay es uno de los pocos países de América donde la desigualdad aumentó entre 2007 y 2011, según los últimos datos del Banco Mundial.

El coeficiente Gini, el indicador más usado para medir la desigualdad, subió en esos cinco años de 0,521 a 0,526 en Paraguay, mientras que en el resto de Suramérica bajó, aunque levemente, según la entidad.

Gauto dijo que Paraguay invierte cinco veces menos en políticas sociales que el promedio de América Latina y que en salud esa brecha es mucho mayor.

A su juicio, esta situación “no deja bien posicionado al Gobierno paraguayo para ser anfitrión de un evento tan importante”.

El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, hizo de la reducción de la pobreza una de sus banderas en su campaña electoral de 2013 y su Gobierno, a través del programa “Sembrando oportunidades”, está repartiendo recursos a pequeños agricultores.

La prioridad del Gobierno es atraer inversión extranjera para la mejora de infraestructuras de transporte y saneamiento que el Estado por sí solo no puede asumir.

Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales piden una acción más decidida para reducir la pobreza.

La pobreza extrema, es decir, las personas que viven con 2,5 dólares al día, de acuerdo con el Banco Mundial, era de un 14,4 % en 2011, según un informe divulgado en febrero por esa entidad.

La mayor concentración de pobres está en el campo. Paraguay tiene la segunda mayor concentración de tierras del mundo, ya que el 2,6 % de los propietarios detentan el 85,5 % de la superficie agrícola, según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

La soja y la carne, los dos principales productos de exportación de Paraguay, generan un 20 % del PIB, pero solo contribuyen en un 2 % a los ingresos fiscales, según los expertos.

Gauto recordó que hasta organismos “tan cuestionados” como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial han recomendado a Paraguay aumentar la recaudación para invertir más en políticas sociales.

“Estas cuestiones explican la desigualdad social, una materia pendiente del Estado paraguayo”, declaró el activista.

El portavoz de Codehupy opinó también que el respeto a los derechos humanos debe ser un tema central en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que tendrá lugar del martes al jueves en Asunción y que reunirá a los cancilleres de la mayoría de los países del continente.

En ese sentido, recalcó que el Gobierno de Paraguay no ha cumplido con pedidos de informes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que debía haberle dado en marzo, pese a que su entrega “no es opcional”, sino obligatoria, dijo Gauto.

Ese órgano le solicitó datos sobre las llamadas “comisiones vecinales de seguridad ciudadana”, una especie de milicias que según Gauto han aparecido por la falta de Policía en algunos municipios del interior del país.

La ONU preguntó también si el Estado ha cumplido las “medidas reparatorias” a las víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) y pidió información sobre el “caso Curuguaty”, una masacre ocurrida en 2012 que propició la destitución del entonces presidente, Fernando Lugo, tras un juicio político en el Congreso.

Según Codehupy, es una “profunda contradicción” la candidatura de Paraguay al consejo “cuando hay tantos casos de violación de derechos fundamentales” en el país.

En cambio, al presentar su candidatura en diciembre de 2013, el Gobierno destacó su “compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos” en el país.

EFE