El Ministerio Público logró privativa de libertad para el subdirector de la Policía Municipal de Acevedo en el estado Miranda, César Istúriz Berroterán, y otros siete funcionarios, por su presunta responsabilidad en la privación ilegítima de libertad y tortura de cincos hombres, hecho ocurrido en la población de Caucagua en el estado Miranda, el 14 de junio de 2014.
Durante la audiencia de presentación, el fiscal 24º auxiliar de esa jurisdicción, José Mendoza, imputó a Istúriz Berroterán junto a los oficiales jefes Rafael Chacín, Carlos Hernández, Yunior Vásquez, Rubén Pinto, Alejandro García, José Marrero y Miguel Menéndez, por la presunta comisión de los delitos de privación ilegítima de libertad, tortura, violación de domicilio, abuso de funciones y quebrantamiento de pactos y acuerdos internacionales suscritos por la República.
Tales delitos están previstos y sancionados en la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, o Inhumanos Degradantes, Ley contra la Corrupción, Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, así como el Código Penal.
En ese sentido, el Tribunal 2° de Control de Miranda, con sede en Barlovento, con base en los elementos de convicción y a solicitud del fiscal, dictó la medida privativa de libertad para los ochos efectivos policiales y fijó como sitio de reclusión el Centro Penitenciario Metropolitano Yare III.
De acuerdo con la investigación, el citado día, los efectivos policiales ingresaron a las casas de tres de las víctimas, ubicadas en la población de Caucagua, lugar en el que los habrían torturado, para luego detenerlos en los calabozos del mencionado cuerpo policial.
Mientras que las otras dos víctimas, también fueron aprehendidas y trasladados a la sede policial sin aparente justificación, cuando se encontraban en la vía pública.
Ante tal situación y la denuncia de los familiares de los cinco hombres detenidos, el Ministerio Público inició una investigación contra los funcionarios que trajo como consecuencia la liberación de las víctimas, la aprehensión de los efectivos policiales y el inicio del proceso penal en su contra.