La recurrente petición de agilizar el proceso de expropiación de la distribuidora de alimentos Frigoríficos Ordaz S.A. (Friosa), iniciado en octubre de 2010, quedó en segundo plano. Una auditoría profunda por presuntos casos de corrupción en la empresa por desvío de alimentos a privados, desmantelamiento de activos, pérdida de productos cárnicos, entre otros, es ahora la principal solicitud de los trabajadores de la industria alimenticia, publica Correo del Caroní.
“La corrupción es lo que nos está matando, nos arropó, es lo que nos está colapsando”, aseguró Lenis Martínez, trabajadora administrativa de la empresa, otrora bandera en Guayana por sus surtidos supermercados Koma y La Fuente, ahora en total deterioro y desnudez de productos. La caída de Friosa en los últimos cuatro años fue tan estrepitosa que, en la actualidad, se asemeja a los pasillos vacíos de la red estatal Mercal.
En una asamblea realizada este lunes en la empresa, los trabajadores instaron al Ministerio de Alimentación a realizar una auditoría minuciosa y a intervenir la empresa.
“Solicitamos que el Gobierno de Calle venga a Friosa porque no hay alimentos para el pueblo porque los desvían”, dijo Martínez, al señalar que las denuncias son del conocimiento de la Fiscalía Cuarta contra la Corrupción, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y el Ministerio de Alimentación. “Hemos ido a todas las instancias”, agregó.
Las denuncias contrastan con el fin que motivó la expropiación de la empresa, propiedad del Complejo García Hermanos, S.A. (Gaisa) en octubre de 2010. El Decreto Presidencial Nº 7.703, publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.524, indica que la adquisición forzosa persigue el “Desarrollo de la Red de Distribución Socialista de Productos de Primera Necesidad” destinada “a la correcta distribución de alimentos al pueblo venezolano, así como la promoción del desarrollo endógeno y generación de fuentes de empleo”.
Para los trabajadores el propósito se quedó en papel. Martínez admite que aunque el Gobierno ha estado enviando mercancía, es desviada a comercios privados, “el negocio es la comisión que depositan luego y de la que se benefician los gerentes”. “La empresa fue expropiada para garantizar el alimento al pueblo y resulta que a las comunidades no se les vende ahora”, añadió.
“Llegan 20 toneladas de alimentos y se pierden 5 toneladas, hacen un cuadre y no investigan”, denunció.
Los reclamos han pasado factura a algunos de los trabajadores que denuncian acoso laboral y psicológico. Noraida Pinto, trabajadora de la división de comedores, señaló que han sido acosados por denunciar la situación de la empresa.
“Los alimentos que llegan los están mandando a centros privados, dejando a los artesanos y al pueblo sin alimentos. Los productos no están llegando al pueblo, no llegan a los supermercados La Fuente”, dijo, con factura en mano de despachos de 21 sacos de harina de trigo a Bs. 715 a panaderías privadas.
“Pedimos al presidente Maduro que nos envíe a alguien de confianza para entregarle todas las pruebas de robos y estafas en la empresa”, añadió Cristian González.
Sin registro de salida de productos
Las irregularidades en la distribuidora han sido registradas en varios informes oficiales. Un documento del Cuerpo de Inspectores Socialista de la Presidencia de la República de julio del 2013 da cuenta de las inspecciones a entes adscritos al Ministerio de Alimentación y menciona el caso particular de Friosa en cuanto a “irregularidades en el manejo de los activos e inconsistencias en el inventario de bienes en la empresa Friosa”.
El informe señala que “para la fecha de la intervención la empresa contaba con una capacidad operativa de almacenamiento del 80%, actualmente las cavas de refrigeración se encuentran vacías y no existe registro de la salida de los productos. Además, la flota de vehículos operativos no se corresponde con la actual y a su vez se manejan denuncias por parte del control obrero sobre presuntos equipos de computación pertenecientes a la empresa de los cuales se desconoce su actual paradero”.
Fallas de control interno
Las inspecciones del Cuerpo de Inspectores Socialista lograron la activación de la Contraloría General de la República, que realizó una verificación in situ. En su informe de actuaciones correspondiente al 2013, el órgano constata fallas de control interno de los bienes muebles, falta de mantenimiento preventivo, correctivo y sistemático en los inmuebles, particularmente en los almacenes de mercancía seca y refrigerada.
“De una muestra selectiva de 71 máquinas y equipos de computación por un monto total de Bs. 986.320,34, se determinó que 41 activos, equivalentes a 57,74%, por la cantidad de Bs. 153.457,30, no fueron ubicados físicamente”.
La situación se repitió con otros equipos no registrados en el inventario de bienes y unidades móviles en comodato, préstamo o en posesión de trabajadores por convenio, pero sin soportes documentales de tales asignaciones.
Pese a que ha transcurrido casi un año de las inspecciones, la confirmación de irregularidades no ha arrojado correcciones ni sanciones penales y administrativas a los responsables.
Denuncias a granel
Un informe elaborado por los trabajadores de Friosa recoge varias irregularidades en la empresa.
Flota en el piso. Cuando se inició la expropiación la flota de la empresa estaba integrada por 164 unidades operativas a la que se sumaron dos taras y dos chutos con sus trailers y desde Caracas ocho montacargas. “En la actualidad se encuentran operativos solo el 20% de la flota móvil y la mayoría de las unidades se encuentran estacionadas en el patio”, señala el informe. Varias de las unidades están en estado irrecuperable. Siete personas han asumido la dirección del taller desde la expropiación y los gastos se han triplicado entre 2010 y 2013, pese a que la flota va en merma.
Contratos irregulares. Los trabajadores denuncian que desde 2013 hasta junio de 2014 se ha privilegiado la compra de repuestos a una empresa, radicada en Ciudad Bolívar que no se encuentra en el Registro Nacional de Contratistas. La empresa ha recibido Bs. 12,9 millones en plazos menores a los 30 días estipulados para el pago de facturas.
Pérdida de productos cárnicos. El informe de los trabajadores da cuenta de pérdidas de carne y pollo “de forma recurrente” y en “cantidades significativas”. “Una vez detectado el faltante por la coordinación de inventarios es ajustado el monto de pérdidas por el gerente general de la empresa”. Destacan que el gerente general carece de potestad en materia financiera, de acuerdo con el decreto de expropiación.
Descomposición de alimentos. El 7 de junio la coordinación del área de frío notificó “de forma oral y sin soportes” que procedió a botar unilateralmente 860 kilogramos de papa presuntamente en mal estado.
1.560 kilos de carne de segunda y 98 unidades de leche descremada se dañaron “debido a las condiciones climáticas y fallas en la refrigeración”, relatan en el informe, luego de que fueran dejadas en el Batallón Cabrera en Los Pijiguaos en donde esperaban hacer un operativo. Por instrucciones de la junta administradora, el lote fue quemado.
Desmantelamiento de activos. En una inspección en octubre de 2013 para la desincorporación de dos cavas en Koma Bolívar, “pudimos apreciar el desmantelamiento total de las instalaciones y activos como las cavas de refrigeración marca Arneg totalmente destruidas sin los manómetros y las tuberías de cobre, controladores y las cristalerías de las cavas de exhibición esparcidas por el piso”. La situación, añaden, se repitió en Koma Puerto Ordaz.
Además del desmantelamiento, tienen casos registrados de venta de equipos como material ferroso con autorización de personal directivo de la empresa.