La diputada Neidy Rosal, jefa de la Fracción de Proyecto Venezuela (Prove) en el Consejo Legislativo de Carabobo, en compañía de la diputada a la AN, Vestalia Sampedro; Adelba Taffin, miembro del Movimiento Padres Organizados; y un grupo de madres carabobeñas introdujeron este jueves un amparo constitucional para la protección de los derechos e intereses difusos, y conjuntamente un amparo cautelar ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra del Ministerio del Poder Popular para la Educación por la publicación de la “Colección Bicentenario” y la “Constitución ilustrada”.
“Para nosotros como madres es preocupante lo que está ocurriendo con estos libros, no queremos que sigan adoctrinando a nuestros niños, por eso decidimos ejercer este amparo, es inaceptable que quieran imponer una única forma de pensar, a los magistrados les exigimos que se pronuncian a la brevedad sobre este tema”, manifestó Rosal.
La diputada aseguró que los textos citados evidencian un papel ideologizado de la Educación, con sesgos, omisiones y tergiversaciones del conocimiento, así como informaciones, imágenes y comentarios destinados a la construcción de un “modelo socialista” contrario a la Constitución Nacional y a la voluntad popular de los venezolanos, que rechazaron a través de un referendo consultivo esta pretensión.
Rosal recalcó que expertos de varias universidades como la UCAB, UC, UCV y la han determinado a través de estudios que la “Colección Bicentenario afecta gravemente la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo, así como la salud emocional de nuestros hijos y de toda la población e nuestros hijos y de toda la población estudiantil en su instrucción básica”.
En el amparo la diputada, quien asistió acompañada a la sede del TSJ en Caracas por un grupo de madres, exigió al máximo tribunal del país que prohíba al Ministerio del Poder Popular para la Educación que imprima y distribuya a las escuelas y colegios los libros, tanto de la “Colección Bicentenario” como de la “Constitución ilustrada”, asimismo que difunda por cualquier medio comunicacional las doctrinas contenidas en los libros; y que proceda a retirar de las escuelas y colegios los libros impresos ya existentes.
La “Colección Bicentenario” no es pertinente –afirmó Rosal- debido a que desconoce Tratados y Convenios Internacionales, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 2 y 102 y la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, toda vez, que atenta contra los valores éticos y morales inculcados desde la familia, la sociedad y la idiosincrasia venezolana; además que induce a pensamientos subliminales, manejo inapropiado del lenguaje; incitación al odio; así como a la promoción de ideales dirigidos para establecer un modelo socialista y comunista.
“La Colección Bicentenario contiene al menos 70 textos escolares que sin duda impactarán, no solo en la preparación individual y colectiva de los estudiantes venezolanos, sino que también fijarán un perfil del egresado para el momento de su ingreso a las universidades, y por supuesto en la formación de valores de la sociedad venezolana y el futuro de nuestro país”, destacó la parlamentaria.
“Adoctrinamiento inaceptable”
Por su parte, la diputada a la AN Vestalia Sampedro calificó la labor del Ministerio de Educación como de “doble cara” porque hacen una consulta paralela a la impresión y divulgación de los libros que tienen contenidos distorsionados y que son “una pretensión de adoctrinamiento inaceptable, que están impregnados de información tergiversada de la formación que tradicionalmente se les ha impartido a nuestros niños, por valores de carácter socialista, que en lo absoluto tienen que ver con la democracia y con el espíritu de tolerancia previstos en la Constitución Nacional aprobada en 1999”.
Argumentó que el Ministerio del Poder Popular para la Educación viola flagrantemente el artículo dos de la Constitución que reza: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.
Aseguró que la educación es un servicio público fundamentado en el respeto a todas las corrientes del pensamiento y en la “Colección Bicentenario” esto se vulnera y no se respetan los lineamientos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas. Dijo la diputada carabobeña que “es inconstitucional porque tiene como visión formar un ciudadano que responda al Plan de la Patria y no a los preceptos constitucionales”.
Asimismo, Neidy Rosal señaló que a través de los textos se pretende formar a un ciudadano con pensamiento único “socialista”, induce a los niños a la política gubernamental y proselitista al ejemplificar con imágenes gráficas de la gestión de gobierno en los últimos 15 años, del mismo modo, se distorsiona la educación sexual con significados inapropiados para la comprensión de los niños, distorsión y desconocimiento del proceso histórico venezolano; y lo más grave -según la legisladora- es que se acentúa el culto a la personalidad en la figura del ex presidente Hugo Chávez, que es el fin último del Gobierno Nacional.