El pasado 2 de julio y en medio de las celebraciones por el partido en el que Colombia enfrentaría a Brasil, se presentó un desafortunado episodio que, si bien muchos han olvidado, llegó a instancias de la justicia.
Se trata del famoso Decreto presidencial 449, en el que supuestamente el mandatario de los colombianos establecía el 4 de julio como día cívico y declaraba el determinante partido como fiesta nacional. El documento iba acompañado por una aparente firma de Juan Manuel Santos, quien en su cuenta en Twitter descalificó la noticia y la supuesta directriz presidencial.
Autorizamos a funcionarios del Gob. Nacional tarde libre el viernes para ver partido de Colombia. Decreto 449 que circula en redes es falso.
— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) julio 2, 2014
El tema, como muchos otros, fue fugaz, pero el presidente no se quedó quieto. A la Fiscalía llegó una denuncia interpuesta por él en la que, como lo confirmaron en exclusiva a Semana.com fuentes de esa entidad, se pide investigar y dar con el responsable de la falsedad del documento.
El caso no es menor, pues los medios difundieron la noticia como un hecho que generó confusión en el país. Pero más allá de eso, no es un asunto insignificante porque el o los responsables falsificaron la propia firma del mandatario de los colombianos, lo cual se puede llegar incluso a considerar un asunto de seguridad nacional por tratarse del presidente.
La denuncia y la investigación del caso están en manos de altos funcionarios y aún se encuentra en sus primeras fases. Por ahora, y como se dice en términos judiciales, la denuncia está en la etapa de “establecer responsabilidades”. La Fiscalía destinó un equipo de expertos para rastrear el falso decreto que circuló en las redes sociales.
No es claro si la intención de quien puso a circular el falso decreto era realizar una broma aprovechando la euforia futbolística que embargaba al país. Lo cierto es que independientemente de la motivación, el asunto ha sido asumido con la mayor seriedad por parte de la Fiscalía, que no le ve ninguna gracia a que alguien suplante la firma del presidente y expida supuestos decretos. El chiste podría llegar a acarrear una pena de prisión superior a seis años para los responsables.
Vía Semana