Las clínicas privadas en Venezuela sufren escasez de equipos médicos y sus empleados piden declarar una emergencia humanitaria en el país, publica El País de España.
Ewald Scharfenberg / Caracas
La medicina privada en Venezuela parece estar bajo estado de sitio. Hace una semana que una de las clínicas más costosas y reputadas de Caracas, al noroeste de la capital venezolana, no puede hacer pruebas hematológicas. El hospital no tiene los tubos para recolectar las muestras de sangre. Como ocurre con otros sectores, el Estado le regatea las divisas y autorizaciones de importación. Gasas y suturas, pañales desechables para adultos y bombas para las máquinas dispensadoras de medicamentos intravenosos, catéteres y radiofármacos; desde lo más elemental a lo más especializado, el rango de lo que falta es muy amplio.
Alrededor de 350.000 venezolanos esperan a que llegue el equipo médico necesario para someterse a intervenciones que tenían programadas.
En otro centro, no hay reactivos para las pruebas serológicas. Las provisiones de anestésicos para inhalar escasean y se reservan solo para intervenciones quirúrgicas con carácter de urgencia. En algunos establecimientos los servicios ambulatorios y los quirófanos han cerrado.
La situación está cerca de ser desesperada. La medicina en Venezuela corre el riesgo de retornar a un estado premoderno.
Los representantes del sector privado —aunque las carencias también afectan a hospitales públicos— solicitaron este martes al Gobierno de Nicolás Maduro declarar una emergencia humanitaria en el país “ante la agudización de la escasez y el suministro irregular de insumos, medicinas, material médico-quirúrgico, equipos médicos y sus repuestos”.
Carlos Rosales y Cristino García, en nombre de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales (AVCH), advirtieron de que el cuadro actual pone en peligro a pacientes crónicos de enfermedades cardiovasculares y oncológicas. Una veintena de especialidades están siendo afectadas, entre ellas ortopedia, pediatría, neurocirugía y gineco-obstreticia.
La respuesta del Gobierno fue negativa. Una de las voceras que expresó este rechazo fue la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, una exdiputada del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Un día después de las declaraciones de los representantes de las clínicas, Ramírez tildó de “desproporcionados” sus argumentos, y les remitió a un proceso de diálogo con las autoridades del Poder Ejecutivo. “Todo esto se ha venido dialogando, los espacios han estado abiertos”, sostuvo en una entrevista televisada en la que, además, pidió evitar la politización del tema: “El estado de emergencia no puede sustituir el diálogo permanente, ni la información sobre los medicamentos que afecten a distintos sectores, especialmente a los pacientes crónicos”.
Rosales y García, los directivos de la AVCH, reconocieron en la rueda de prensa del martes la disposición del ministro de Salud, Francisco Armada, en aceptar la existencia de esta crisis sanitaria. Las cifras que expusieron hablan por sí solas. Cerca del 90% de sus insumos son importados. El inventario regular de un hospital incluye alrededor de 45.000 artículos médicos; hoy escasean 35.000 de ellos. Los distribuidores de equipos sanitarios ya no cuentan con el crédito de los proveedores de otros países.
Los representantes de los establecimientos privados sostienen que la declaración oficial de un estado de emergencia permitiría agilizar los trámites de desembolso de divisas e importación.
En general, el régimen chavista percibe al gremio médico como un adversario de la revolución y al sector privado, al que cíclicamente amenaza con la expropiación, como una mera manifestación de usura.