A mediados de 1960, en pleno acto de clausura del Primer Congreso Latinoamericano de Juventudes, Fidel Castro sorprendió a todos cuando anunció la nacionalización de las empresas de Estados Unidos que hacían vida en Cuba argumentando que se trataba de una repuesta a la “política agresiva de Estados Unidos a la Revolución”. Luego de ello, vino la famosa Ley 890 en la que el régimen castrista ordenó la nacionalización mediante expropiación forzosa de todas las empresas industriales, comerciales, fábricas, almacenes y demás bienes y derechos; con lo cual, para desgracia de los cubanos, terminó de mutilarse la libertad económica y derecho a la propiedad privada.
La Ley 890 de Cuba, se fundamentó formalmente en la necesidad del desarrollo de la Nación, para lo cual se requería planificar la economía controlando racionalmente la producción de las industrias básicas del país. Entre los particulares de dicha norma, destaca uno que con la venia del lector me tomo el atrevimiento de reproducir: “POR CUANTO: Muchas de las grandes empresas privadas del país, lejos de asumir una conducta consistente con los objetivos y metas de la transformación revolucionaria de la economía nacional, han seguido una política contraria a los intereses de la Revolución y del desarrollo económico, cuyos signos más evidentes y notorios han sido el sabotaje a la producción; la extracción del numerario sin reinversiones adecuadas; la utilización exagerada de los medios de financiamiento sin empleo del propio capital operativo con la ostensible finalidad de acumular efectivo y de invertirlo en el extranjero previa obtención clandestina de divisas, y el abandono frecuente de la dirección directa de las fábricas lo que, en muchas ocasiones, ha obligado la intervención por el Ministerio del Trabajo en evitación preventiva de la crisis laboral que el cierre o la disminución de la producción puedan crear” fin de la cita.
Aunque el resultado lo conocemos todos, no deja de asombrar las similitudes entre aquel justificativo y nuestro contexto actual. En efecto, hace días los venezolanos presenciamos el cierre de la empresa Clorox. Atrás quedaron los años de trayectoria, de apuesta en el país y constancia en la producción, distribución y comercialización de productos de calidad. Prácticamente en simultáneo la empresa Sudamericana de Soplados, C.A. vivió una situación idéntica en la que los accionistas decidieron cerrar tras considerar inviable continuar produciendo a pérdida. La reacción del Estado recuerda aquella conocida frase de Óliver Cromwell: “No sólo golpead mientras el hierro esté caliente, sino calentadlo por medio de los golpes”.
Para muestra un botón: En transmisión televisiva de inicios de esta semana, el Ejecutivo Nacional señaló que entramos en “una nueva fase de la guerra económica en la que los capitalistas comienzan a tirar la toalla” a lo que luego añadió “Fórmula socialista: empresa abandonada, empresa tomada por la clase obrera con el apoyo del gobierno revolucionario”. Como lo dije en varias ocasiones y para la vergüenza de la comunidad internacional: Cerrar una empresa en Venezuela, no es un derecho sino un delito.
El pasado domingo por la tarde mientras preparaba todo para el inicio de la semana, recibí de buena fuente la confirmación que el próximo en la lista era VENOCO, lo cual de inmediato coloqué en mi cuenta de Twitter con la vana esperanza de la disuasión que la publicidad causa en quien pretende obrar mal. Luego de ello, vino a mi mente la pregunta que hoy comparto con ustedes para la obligada reflexión: ¿se aproxima la Ley 890 comunista?
Jair De Freitas de Jesús
@jair_defreitas