La crisis política se puede mirar de cerca a partir del crimen de Robert Serra. Por ejemplo, queda claro que Nicolás Maduro está dispuesto a cualquier cosa para mantenerse en la jefatura del Estado. De allí que en lugar de razonar sobre el homicidio se haya trepado sobre ese suceso para disparar contra la oposición. Sustituyó la prudencia por la ligereza; los argumentos por amenazas y las pruebas por opiniones. Usó un crimen para atacar a sus adversarios con la contundencia que su liderazgo jamás le ha permitido. Una conducta que si bien no sorprende por reiterada, ratifica que en Venezuela las reglas del juego político, las normas jurídicas y los procedimientos judiciales son arbitrarios. Se validan, suspenden o acomodan en función de los intereses circunstanciales de Nicolás Maduro. Entonces, ¿por qué los venezolanos deberían respetar un sistema de normas caprichosas? ¿Por qué deberían obediencia al Presidente y a las instituciones del Estado? ¿Qué motivaciones tendrían para confiar en las decisiones del TSJ o del CNE?
La reacción del gobierno ante el homicidio del diputado Serra advierte que esta sociedad está fuera de cauce. Lo purulento de ese asesinato y de los hechos que se desencadenaron con posterioridad son apenas señales que confirman el derrumbe. Pues el manejo del caso por parte del Presidente es el verdadero símbolo de la descomposición que existe. Sus intrigas ahogan de vergüenza a una población que contempla cómo la nación es arrasada por las ambiciones de sus gobernantes.
La debacle del país no deja lugar a dudas: O se acepta que lo vivenciado es un nuevo paso que se da en este descenso colectivo hacia una degradación sin fondo, o los venezolanos cierran filas para relevar a este minoría que se aferra al poder.
A medida que la crisis arrecia, el esfuerzo habría que enfocarlo en promover un pacto entre los moderados de la oposición y del Polo Patriótico, por paradójico que resulte. Entre otras cosas porque el esfuerzo que el Presidente realiza por ubicar dentro de un único paraguas a los sectores que lo adversan, confirma su preocupación por mantener una división que existe en el terreno discursivo; pero no en el social. Etiquetas como “oposición golpista” o “derecha fascista” dejarían de ayudarlo si la oposición se asociara con la militancia socialista que está más cerca de la rebelión que del sometimiento cómplice. Hasta que no se produzca una renovación en la visión de la oposición, los jefes del oficialismo continuarán en su cruzada por el poder.
Mientras que la cúpula del gobierno desarrolla una guerra de guerrillas para mantenerse en el poder de manera indefinida y sin restricciones; la oposición se alista para una campaña electoral. No hace falta decir que esos objetivos son distintos, en especial, excluyentes; lo que quizás convendría preguntar es ¿por qué con ocasión de las próximas parlamentarias los ciudadanos deberían creer que Nicolás Maduro y sus aliados respetarán la voluntad popular? Por supuesto, otra cosa sería que una alianza social para la transición del gobireno fuese el marco de las parlamentarias. En ese escenario, la voluntad de la mayoría sería la fuerza que garantizaría la imparcialidad del CNE.
Nadie duda del interés que los dirigentes de oposición tienen en promover un cambio en Venezuela. Ojalá reconozcan que el mecanismo es un pacto con la militancia del Polo Patriótico. Las condiciones son favorables para perfilar un consenso social; no para adelantar una campaña electoral. Después de las parlamentarias las condiciones para esa alianza podrían ser desfavorables. Incluso, llegado ese momento se podría seguir luchando con la conciencia de que Nicolás Maduro y su grupo habrían ganado por lo menos otra década para afianzar su poder.
@aaalzuru