Delson Guárate exige medidas de protección y transferencia de recursos para el municipio

Foto: Archivo
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El alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry (MBI) del estado Aragua, Delson Guárate, introdujo hoy ante la Defensoría del Pueblo regional un documento en el que exige medidas de protección y trasferencias de recursos pertenecientes al pueblo de MBI, para así solventar la situación de la basura que constituye un problema de salud pública para la localidad, provocado por el irresponsable accionar del gobernador del estado, Tareck El Aissami, quien ejerce un arbitrario manejo de los fondos del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) y una represión continuada contra la municipalidad, violando los derechos fundamentales de los vecinos en su calidad de vida. Nota de prensa

Guárate afirmó que desde febrero pasado ha introducido estas denuncias ante la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, el Fiscal 88 Nacional con Competencia en Materia Ambiental, el Fiscal 1ro del estado Aragua, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y hoy a la Defensoría del Pueblo advirtiendo que de no recibir una respuesta en 48 horas, “en una evidente demostración de la ausencia del Estado de Derecho en Venezuela, acudiremos a los organismos internacionales como la ONU, OEA, OMS, UNASUR y ALBA para exigir se respeten los derechos de los mariobricenses y obtener justicia en la salvaguarda de los derechos fundamentales y la Constitución”.

Aseveró que no teme a ningún tipo de maniobra legal o política que pretenda el gobierno regional. “Lamentablemente para El Aissami, nuestra fortaleza es llevar un paso adelante en la denuncia y exigiendo respeto a los derechos del pueblo en cada institución del Estado. Hacemos un llamado a la comunidad de MBI para que se mantenga unida y fuerte, confiando en el compromiso invulnerable de un equipo que es garantía de desarrollo, paz, bienestar y progreso para la jurisdicción”.

El alcalde también desmintió la desfasada afirmación de la presidenta del Poder Legislativo en Aragua, quien aseguró que habían sido despedidos 150 trabajadores del Aseo Urbano. “A la fecha tan solo un supervisor fue cesado en sus funciones por provocar daños de forma premeditada a las desgastadas unidades compactadoras del municipio, con el fin de evitar se realizara el proceso de recolección de desechos sólidos. El estado de las mismas fue constatado por las autoridades de Inpsasel en su visita a esta dependencia, dando así la razón a los señalamientos previos hechos por la alcaldía”.

Indicó que la ilegal huelga de trabajadores auspiciada por el Gobernador es ejecutada por un sindicato vencido desde el año 2011, que viola los artículos 401 y 402 de la LOTTT, que de manera irresponsable incita a un ficticio conflicto, que no cumple con los requisitos de ley en las Inspectoría del Trabajo y tribunales.

Guárate denunció que bienes municipales como camiones, equipos e instalaciones de la Dirección de Mantenimiento Urbano han sido estropeados, atentando contra la institución. “Siempre hemos sido muy rigurosos con las normas de seguridad laboral, dotando a los obreros de tapabocas, guantes y hasta vacunas para el resguardo de su salud, quedando pendiente la compra de uniformes que no se ha podido realizar, por la falta de recursos que en todo momento han sido negados y torpedeados tanto por la Cámara Municipal como por el gobierno de la entidad”, puntualizó.