La delegación del gobierno español en Cataluña advirtió este jueves al ejecutivo nacionalista regional que no puede utilizar medios públicos para organizar la simbólica votación sobre la independencia del domingo.
A través de una carta, la delegada del gobierno en la región, María de los Llanos de Luna, “recuerda la importancia (…) de que no se adopten acuerdos o se lleven a efecto actuaciones que pudieran contravenir la decisión del Tribunal Constitucional” de suspender la votación.
“En este sentido, podrían contravenir la resolución del Tribunal actuaciones destinadas a la utilización de medios públicos para la realización de actos de ejecución de la consulta”, prosigue la misiva a la que tuvo acceso la AFP.
La carta fue enviada al departamento de gobernación catalán, encargado del dispositivo de votación, y también al de Educación, responsable de los institutos públicos donde se deben instalar las urnas de votación el próximo domingo en un hecho que podría suponer un desacato de la sentencia judicial.
Las actuaciones del gobierno regional en vistas a celebrar esta simbólica votación entraron en un limbo legal a partir del martes cuando el Tribunal Constitucional decretó la suspensión de la consulta a instancias del ejecutivo central del conservador Mariano Rajoy.
Amparándose en la libertad de expresión y el derecho de participación, el presidente regional, el nacionalista Artur Mas, decidió mantener en pie el escrutinio y llamó a los catalanes a participar masivamente.
Además, decidió denunciar ante al Tribunal Supremo al gobierno español por atentar contra esos derechos y reclamó el levantamiento de la suspensión, extremo que fue rechazado este jueves por la corte alegando no ser competente para ello.
Organizada por 41.000 voluntarios coordinados por el gobierno regional, esta votación contará con casi 7.000 mesas electorales instaladas en casi la totalidad de municipios catalanes.
La persistencia de Mas puede poner en aprietos al cuerpo policial de Cataluña, los Mossos d’Esquadra, subordinados al ejecutivo regional pero obligados a cumplir la ley como recordó el miércoles el ministerio del Interior español.
“Los Mossos atenderán los tribunales, los jueces o si es el caso, el fiscal”, reconoció el responsable de Interior catalán, Ramon Espadaler.
En este sentido, la fiscalía parece dispuesta a dejar actuar a los ciudadanos siempre y cuando el gobierno catalán no cometa un “incumplimiento flagrante” de la suspensión, lo que pone en entredicho que las urnas se puedan colocar en institutos públicos. AFP