El anuncio del fiscal general de México, Jesús Murillo, de que, según testimonios de tres detenidos, los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre fueron asesinados por delincuentes no reconoce que se trata de un “crimen de Estado”, lamentó este viernes Amnistía Internacional (AI).
La organización defensora de los derechos humanos indicó en un comunicado que las líneas de investigación de la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en relación con los hechos del 26 de septiembre en el municipio mexicano Iguala, en el estado sureño de Guerrero, “han sido limitadas e incompletas”.
Asimismo, deploró que en este caso haya “funcionarios que se rehúsan a cuestionar la colusión entre el Estado y el crimen organizado que subyace a estas graves violaciones a los derechos humanos”.
En una conferencia de prensa en la capital mexicana, Murillo dijo que se trata de un “caso típico de desaparición forzada” y si los jóvenes están muertos entonces “es un homicidio”. “Un crimen de Estado es una cosa mucho mayor”, añadió.
El fiscal dijo que los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron detenidos por policías y entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron para no dejar rastros, según el testimonio de tres detenidos que participaron en los hechos.
“Trágicamente, la desaparición forzada de los estudiantes es sólo el último de una larga serie de horrores que han sucedido en el estado de Guerrero y el resto del país”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
Añadió que “la corrupción y la violencia como señales de advertencia han estado allí para que todos las vean desde hace años, y los que negligentemente las han ignorado son ellos mismos cómplices de esta tragedia”.
Amnistía indicó que, en su informe del viernes, Murillo “ha fallado en reconocer que se trata de un crimen de Estado y no de un hecho aislado“.
“También olvidó mencionar la negligencia y complicidad del Estado en la investigación de una serie de denuncias contra el (entonces) alcalde de Iguala,” José Luis Abarca, “el principal sospechoso de la desaparición forzada de los estudiantes” y de otros delitos graves”, apuntó.
La organización recordó que el presidente Enrique Peña Nieto ha prometido a los familiares de los estudiantes llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias, pero lamentó que sus acciones demuestren lo contrario.