El 19 de noviembre de 2013 el mandatario nacional, Nicolás Maduro, solicitó al Parlamento venezolano su primera Ley Habilitante. “En nombre del pueblo venezolano” pidió poderes especiales para en 12 meses “combatir con mucha fuerza y decisión la corrupción, para dar un revolcón a los corruptos y sus cómplices”.
Seis leyes nuevas fueron promulgadas y tres reformadas en el marco de la llamada “lucha contra la guerra económica”. Pero a tres días del vencimiento de la Habilitante, dirigentes opositores advierten que los resultados no sorprenden, publica La Verdad.
“Ni ha disminuido la corrupción, ni existen criterios que reflejen el éxito en esta Habilitante. Una vez más quedó demostrado que dar poderes al Presidente es ineficiente si no hay verdadera voluntad política para promover los cambios”, afirmó Édgar Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional (AN) por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Los primeros estatutos legales creados y promulgados por Maduro con rango valor y fuerza de ley, fueron dirigidos al área económica y la protección de los usuarios: Ley de Precios Justos, Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, Ley del Régimen Cambiario que crea el Centro de Comercio Exterior (Cencoex) y la reforma parcial de la Ley de Ilícitos Cambiarios.
En la recta final
El 7 de octubre, a dos semanas del vencimiento de la habilitación, el Presidente de Venezuela anunció la aprobación de la Ley de Empleo para la Juventud Productiva, y el pasado jueves sumó cuatro instrumentos más, entre los que destaca su interés por la protección al Poder Popular a través de las misiones y las garantías de financiamiento para proyectos sociales.
A juicio de Zambrano, “la corrupción sigue siendo un cáncer nefasto para Venezuela”. Cree que en el país existen los mecanismos que, “sin la necesidad de dar facultades extraordinarias a los presidentes”, pueden frenar los delitos cometidos por funcionarios públicos que “se aprovechan de su cargos”.