“¿Qué querían ustedes? ¿Qué querían? Utilizamos las fuerzas del orden, las fuerzas policiales, con sus equipos antimotines legales”, respondió el Viceministro de Interior y Justicia José V. Rangel Ávalos que encabezaba la delegación del gobierno venezolano que compareció ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas en Ginebra, la semana pasada, luego de doce años sin ir.
El otro argumento o respuesta insólita fue la que dio la directora de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, María Mercedes Berthé, que pidió al Comité que la interpelaba sobre el caso de la Juez Maria Lourdes Afiuni “despreoucuparse sobre ese particular”, refiriendose al testimonio de la Juez sobre la violacion que sufrió en la cárcel, causando estupor a los representantes, que reaccionaron ante tanta desfachatez. Increíble que esto haya sido dicho precisamente por una “mujer”.
Pero es que no podíamos esperar otra cosa, si el propio Presidente condecoró a muchos miembros de estas “fuerzas policiales y equipos antimotines” por su “buena labor”, los días en los que estaban sucediendo los acontecimientos y ya se habían hecho denuncias de los abusos policiales.
Yo les voy a contestar a estos “representantes del gobierno venezolano” sobre estas respuestas carentes de argumentos, pero sobre todo de falta de respeto a todos los venezolanos. Y digo todos, porque en materia de violaciones a los Derechos Humanos, específicamente este año, todos hemos sido víctimas de ello. ¿O es que hay algún venezolano que no haya sido víctima de la violencia social, o de la inseguridad, o esté padeciendo de la mala administración de los servicios públicos (salud, agua, electricidad, aseo, etc) , o el desabastecimiento de medicinas, alimentos y productos de aseo personal, por ejemplo?
“Utilizamos las fuerzas del orden, con sus equipos anti motines legales”. ¡Caramba! Alguien que le diga al Viceministro éste que lo ilegal fue precisamente el uso abusivo de esa fuerza del orden para torturar y maltratar a quienes protestaban. Y es que estas “fuerzas del orden” no sólo actuaron en muchísimos casos con saña y alevosía, sino que además demostraron la incapacidad de preparación que tienen para controlar el orden público o contener manifestaciones de civiles, tal y como manda la Constitución Nacional y demás leyes venezolanas y Convenios Internacionales firmados por Venezuela en materia de protección de los Derechos Humanos, que el Estado tiene la obligación de garantizar. Pero más allá de esto, ¿es que acaso esta respuesta insípida respondía al cuestionamiento que les hacia el Comité? ¿Acaso el uso de estas fuerzas equipadas o grupos “antimotines legales” tienen derecho a actuar como lo hicieron, sobre todo cuando en la mayoría de las denuncias de torturas y maltratos las víctimas ya estaban sometidas o bajo su custodia?
¿Que le contestamos a la familia de Julio Montoya o Basil da Costa, asesinados por un funcionario del SEBIN en el centro de Caracas el 12 de Febrero? ¿Que dispararles en la cabeza es “legal”? ¿Que le contestamos a la familia de Geraldine Moreno, muerta por dos disparos de perdigones a quemarropa en la cara propinados por un cobarde Guardia Nacional? ¿Que disparar a mansalva en la cara de una muchacha es hacer uso de su equipo anti motines legal? ¿Que le decimos a Daniel Quintero y su familia? ¿Que a Daniel lo torturaron durante horas en el Regional 3 de la GNB en Maracaibo porque estos militares estaban haciendo uso de su equipo antimotines legal? ¿Incluyendo al Comandante? Y que gozar de estos golpes y torturas y poner a aproximadamente 150 soldados a contemplar el maltrato – según el propio testimonio de Daniel – ¿forma parte del procedimiento? -¿Que respuesta ha habido en el caso de Marvina Jiménez, Viceministro? ¿O es que tirar a una mujer indefensa al piso y arremeter contra ella golpeándola violentamente en la cara con un casco militar mientras la mantenían inmóvil no es tortura? ¿Donde están los culpables? Porque al parecer la única imputada aquí ha sido la víctima. Tan culpable es aquel funcionario que ejecuta el acto de tortura o trato cruel, degradante e inhumano, como el que lo ordena, o lo contempla, porque se hace cómplice cuando no lo denuncia.
La golpiza propinada a Alejandro Márquez por estas “fuerzas del orden” en el momento de su detención y dentro de la patrulla que habrían causado su muerte, aunque su familia espera aún los resultados de las investigaciones; la golpiza y disparo a quema ropa que le dieron a Clipso Aberto Martínez luego de su detención por miembros de la GN en Valencia y el goce de la fuerza del “orden público” por el dolor que la herida producía a la víctima al igual que el caso de Juan Sánchez en Caracas, al que no sólo golpeaban ya estando herido sino que le metían el dedo en el hueco que había dejado el perdigón que le dieron a quemarropa para que sufriera más; las torturas a las que fue sometidas Gloria Tobón y su hija en Rubio, estado Táchira junto con un grupo de ciudadanos a los que sometieron a descargas eléctricas, amenazas de violación, golpes desproporcionados mientras permanecían vendados; la menor de edad que sufrió actos lascivos dentro de una tanqueta en el Estado Bolívar luego de ser detenida junto a otros menores a los que golpearon hasta el cansancio…en fin, tantos casos ya mencionados de terribles violaciones a los Derechos Humanos y los representantes del Estado Venezolano sólo balbucearon incongruencias y además le preguntaron al Comité ¿Que querían?
No es que querían. ¡Es que queremos los venezolanos! Y queremos Justicia. Investigaciones serias. Culpables con rostro para ser enjuiciados. Destitución de, no sólo los autores materiales sino de quienes dieron la orden, de quienes aún sabiendo o conociendo de estos actos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, no hicieron nada. Queremos que el gobierno de Maduro asuma su responsabilidad por los abusos cometidos por sus Organismos de Seguridad y se implementen los correctivos necesarios para que nunca más un hijo nuestro sea asesinado o torturado por ejercer su derecho a la protesta.
Mientras tanto, yo invito a todos los funcionarios públicos, militares y civiles que tienen bajo su custodia a personas detenidas, a leer la Ley Especial Venezolana para Prevenir y Sancionar las Torturas y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. También les sugeriría que se leyeran otros instrumentos de la Organización de Naciones Unidas que contienen prohibiciones expresas de torturas o malos tratos como son: La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y degradantes, Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, El Conjunto de Principios para la Protección de Todas Las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión y El Código de Conducta Para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir La Ley.
El gobierno venezolano no pudo contestar con coherencia al Comité Contra la Tortura de la ONU porque no tenía como excusarse de éstas terribles violaciones de DDHH que cometieron sus funcionarios, a los que el Viceministro tuvo el tupé de llamar: “las fuerzas del orden, las fuerzas policiales, con sus equipos antimotines legales”. Las violaciones a los Derechos Humanos son eso, ilegalidades que comete el Estado a través de los representantes de sus Instituciones contra las personas, y es el Estado el que debe reparar la arbitrariedad e indemnizar a las víctimas. No hay excusas ante tanta evidencia que organizaciones nacionales e internacionales han recopilado. Y la mejor demostración de que la maldad y la saña contra los disidentes de este gobierno continúa, es el trato que siguen dándole a los presos políticos.