Hugo Chávez presintió la muerte del fiscal, él lo confesó, pero aún así nadie pudo evitar que el 18 de noviembre de 2004, Día de la Chinita, Danilo Anderson muriera dentro de su carro luego de que estallara producto de un explosivo C4. A 10 años del suceso no se conocen autores intelectuales y las hipótesis no han sido esclarecidas, lo que demuestra la impunidad y el déficit funcional en las instituciones de justicia, según el abogado penalista Alberto Arteaga, publica El Carabobeño.
Ana Rodríguez Brazón || [email protected]
Danilo Baltasar Anderson, fiscal cuarto ambiental con competencia nacional, investigaba a más de 400 personas acusadas por crímenes cometidos en contra del Estado venezolano y por los asesinatos cometidos durante el golpe de abril de 2002. Puso tras las rejas a ocho policías metropolitanos por el 11-A, a Carlos Alfonso Martínez por los delitos de conspiración y rebelión, a Henrique Capriles por el asedio a la Embajada de Cuba, a Joao de Goveia por la masacre de Altamira, a los pistoleros de Puente Llaguno y a Manuel Arias por la muerte del sindicalista Numar Herrera en la Plaza O’Leary.
Ese 18 de noviembre Anderson salió de clases pasadas las 7:00 pm. en su camioneta Autana amarilla y luego de manejar por unos kilómetros, el C4 explotó dejándolo sin vida. Hasta ahora solo los exagentes Otoniel y Rolando Guevara están presos acusados de autores materiales, además de Juan Bautista. Los primeros recibieron 27 años de cárcel, el segundo 30 años. A pesar de esto, los detalles quedaron en el olvido y más de cuatro versiones se han manejado en el asesinato del fiscal.
Arteaga, reconocido por ser el abogado defensor del expresidente Carlos Andrés Pérez, prefirió no ahondar en el caso Anderson, pero aseguró vía telefónica que casos como éstos demuestran el nivel de impunidad que existe en el país, donde los organismos se han politizado, se nombrar constantemente comisiones para reformar a los cuerpos de seguridad y el personal en tribunales y fiscalías, cada fiscal lleva alrededor de 500 casos.
La realidad es que los órganos de seguridad no cumplen con sus tareas por presiones políticas y otras razones. Mientras eso ocurra reinará la impunidad y en casos como el de Anderson pasarán 10 y más años.
Para investigar el hecho fueron designadas tres comisiones en distintos momentos: la división contra homicidios, comisión 11-A, y una comisión a cargo de José Cuéllar, esta última entregó un informe al fiscal general de la República de ese momento, Isaías Rodríguez, y al presidente Hugo Chávez, pero este fue rechazado, los funcionarios removidos y se encargó de nuevo a la 11-A llevar el caso, sin que hasta hoy se conozcan nuevos avances.
Para agosto de 2005 las autoridades detuvieron a Giovanni José Vásquez, conocido como el testigo clave, quien hizo acusaciones que luego serían desestimadas. Fueron emitidas órdenes para la detención de la periodista Patricia Poleo, el empresario Nelson Mezerhane, el general retirado Eugenio Áñez Núñez y Salvador Romaní. Mezerhane, Áñez y Romaní se entregaron a las autoridades y se les concedió la libertad bajo fianza en diciembre de 2005. Poleo no se presentó a las autoridades.
Para la actual fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, no existe impunidad, pues los hermanos Guevara están presos y los intelectuales tienen orden de captura, sin embargo en febrero de 2013 por sentencia de la Sala Constitucional se decidió que Mezerhane y dos personas más vinculadas con el asesinato no serían investigadas Chávez comentó en el libro Los Cuentos del Arañero, que tras el golpe de Estado de abril, Anderson comenzó a realizar sus investigaciones que pondrían en riesgo su vida, poco después ocurrió el suceso, que hasta ahora mantiene en vilo a la familia Anderson, que no ha escapado de la violencia, pues uno de los hermanos fue tiroteado en 2010 y hasta ahora tampoco se ha hecho justicia.