Luego de seis años, el Ministerio Púbico reconoció su error en calificar al dirigente político y empresario yaracuyano como “presunto narcotraficante”, etiqueta con la cual lo han mantenido privado de libertad sin derecho a un juicio justo e imparcial y le confiscaron todos sus bienes muebles e inmuebles, una aberración jurídica que parece llegar a su fin por orden de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, instancia que obligó al Ministerio Público a responder sobre las irregularidades procesales denunciadas por Robert Alvarado ante el Máximo Tribunal de la república.
El jurista Robert Alvarado explicó vía telefónica, que “el Ministerio Público reconoció expresamente ante “GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO”, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, una INIQUIDAD contraria a uno de los principios que debe regir todo proceso penal, el cual motivó la derogación del Código de Enjuiciamiento Criminal, como lo es la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, porque tal y como se desprende del oficio “Nº DGCDO-1418-2014”, del 17 de noviembre de 2014, al ciudadano KAMEL SALAME AJAMI se le aplicó la PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD por un periodo superior de 6 años, confiscándole todos sus bienes muebles e inmuebles y exponiéndolo al escarnio público a causa de una presunción sin fundamento fáctico ni legal que la vindicta pública se vio en la necesidad de enmendar en el marco de una acción de amparo constitucional que obligó una respuesta precursora del cambio de circunstancias en el proceso incoado contra mi representado”.
“La ETIQUETA DE NARCOTRAFICANTE -según el litigante-, sirvió no sólo para atropellar su dignidad e integridad física sino para propiciar su ruina moral y económica, así como la de su familia, atropellos que se iniciaron a la par de su privativa de libertad, decretada el 1 de diciembre de 2008”, “acarreando una incorrecta administración de justicia que debería llegar a su fin por cuanto la Fiscalía suprimió este mes de noviembre el calificativo “presunta vinculación con el tráfico de drogas” del expediente instruido a KAMEL SALAME AJAMI”.
En opinión de Robert Alvarado, con el reconocimiento de esta aberración judicial por parte del Ministerio Público, “resulta obvio que la privación de libertad de KAMEL SALAME AJAMI, tras nueve (09) años de presidio, carece de fundamento ante la rectificación que hubo de hacer la vindicta pública por motivos que tienen explicación razonable, pero que el Tribunal de la causa parece haber omitido propiciando y/o cohonestando la violación de los derechos humanos de un ciudadano víctima de un posible ensañamiento no exento de tortura psicológica, algo bochornoso “en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia” -concluyó el jurista a cargo de la defensa de Kamel Salame Ajami.
Nota de prensa