El dantesco suceso ocurrido en la cárcel de Uribana, que hasta el momento de escribir estas líneas ha dejado un saldo de 42 reclusos fallecidos y decenas en delicado estado de salud (cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones, ya que el Ministerio de Servicios Penitenciarios ha suministrado escasa información), evidencia nuevamente el infierno carcelario que hoy existe en nuestro país.
Lo acaecido en Uribana viene a coronar la terrible gestión de Iris Varela, durante la cual (desde julio de 2011) han perdido la vida de forma violenta más de 1.500 reclusos (OVP). En este periodo el hacinamiento también ha aumentado (231%), ya que se han clausurado varios recintos penitenciarios y solo se ha inaugurado uno (por ejemplo, la capacidad de Uribana es de unos 850 reos, pero ha llegado a albergar más de 3.700).
La cárcel de Uribana, rebautizada “David Viloria” luego de la masacre que allí ocurrió en enero de 2013 (de nada sirve simplemente cambiar un nombre), en la cual fueron asesinados cerca de 60 reclusos, es de las que Iris Varela anunció que estaban bajo la figura del “Nuevo Régimen Penitenciario”, vendido como la gran panacea para el tema carcelario. La ministra afirmó en agosto de este año lo siguiente: “podemos decir que Venezuela puede exhibir ante el mundo un modelo penitenciario con nuevo régimen, que es digno de estudio” (La Voz, 14/08/14). Lo ocurrido la semana pasada en Uribana desmintió esta falacia.
La versión oficial, que señala que los presos “procedieron a asaltar el puesto de salud e ingresaron violentamente al área de enfermería, asaltaron la farmacia y otros talleres, procediendo a ingerir múltiples fármacos, tales como: antibióticos, antihipertensivos, hipoglicemiantes, antiepilépticos y alcohol absoluto, entre otros”, resulta bastante peregrina, por decir lo menos. Humberto Prado, representante del OVP, al respecto señaló: “los presos no son tan estúpidos para tomarse un medicamento sin leer (El Nacional, 27/11/14). Igualmente indicó que algunos familiares le manifestaron que los reos “se encontraban en huelga de hambre, llegó un camión con comidas en bolsas negras y se las pasaron. Creen que estaba envenenada” (La Patilla, 28/11/14). Si en Venezuela existieran instituciones de justicia sólidas e independientes, un hecho como este sería investigado a profundidad, para así establecer las responsabilidades correspondientes, pero en la situación actual es difícil que esto ocurra.
Lo acaecido en Uribana fue motivo de alarma en organismos nacionales e internacionales de DDHH. El representante de la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó sobre el caso que “se trata de un lamentable hecho, que obedece a un continuo contexto de hacinamiento y violencia en las cárceles del país”. Por su parte, Human Rights Watch señaló que “el gobierno venezolano debería reformar su sistema penitenciario para mejorar y abordar la violencia dentro de las prisiones”. Provea fue más allá y señaló que “Iris Varela debe renunciar a su cargo por ser la responsable directa de velar por la vida e integridad de las personas sometidas a la custodia del Estado”.
El artículo 43 de nuestra Constitución establece que “el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad”. Evidentemente el Gobierno Nacional no está cumpliendo con este mandato.
En su comunicado sobre el reciente suceso de Uribana, Human Rights Watch se preguntó: ¿Cuántos más deberán morir para que el gobierno de Venezuela aborde de manera efectiva la crisis de su sistema penitenciario? Una buena interrogante para los que hoy ostentan el poder en el país.
Twitter: @luisizquiel