A propósito de la conmemoración del 66º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pedro Nikken, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Internacional de Juristas, expresó: “El gobierno se compromete mucho y cumple poco. Todos los Estados están obligados a adaptar sus reglas al derecho internacional, y la Constitución venezolana así lo establece en forma expresa. Venezuela ha asumido compromisos sumamente amplios, pero el gobierno ha inventado que las sentencias de los tribunales internacionales necesitan permiso del Tribunal Supremo de Justicia para ser ejecutadas en el país. En materia de derechos humanos, Venezuela tiene una deuda de cumplimiento, no de compromiso”. NP
La efeméride fue aprovechada por el Observatorio Venezolano de Prisiones y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela para convocar a un panel de especialistas de la academia, las organizaciones no gubernamentales y la prensa. En el evento coincidieron Nikken, Magaly Vásquez, Feliciano Reyna, Román Duque Corredor, Carlos Ayala Corao, Marco Ruíz y Humberto Prado, quienes hicieron un balance de la situación de los derechos humanos en el país, especialmente sobre las violaciones registradas durante 2014.
Las reflexiones de Nikken fueron respaldadas por Duque Corredor, ex magistrado de la extinta Corte Suprema de Justicia y ex presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, quien aseguró que el “gran culpable de la impunidad en Venezuela es el Poder Judicial”. En su opinión, las fallas de los jueces contribuyen a que la cultura de la impunidad se arraigue. “Lamentablemente, el país no cuenta con jueces que actúen con visión de Derechos Humanos y la impunidad casi alcanza el 98%”, precisó.
El ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carlos Ayala Corao, agregó que en Venezuela pensar diferente acarrea sanciones penales. Recordó que este año casi 4.000 personas fueron detenidas por ejercer el derecho a la protesta, dos alcaldes (Enzo Sacarano, de San Diego, y Daniel Ceballos, de San Cristóbal) fueron condenados y destituidos de sus cargos, el líder opositor Leopoldo López permanece preso en una cárcel militar, y la diputada María Corina Machado fue defenestrada de su curul.
Ayala Corao destacó la presencia en el evento de la jueza María Lourdes Afiuni, quien precisamente este miércoles cumplió cinco años bajo proceso penal por acatar un dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. Este 10 de diciembre se debía reiniciar el juicio en su contra, pero, según su abogado José Amalio Graterol, las autoridades del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas acordaron un nuevo diferimiento.
Ruíz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, destacó que este año hubo un récord de agresiones a periodistas, reporteros gráficos y medios de comunicación: 247 casos. Lamentó que este tipo de excesos se mantenga en absoluta impunidad y anunció que las agresiones a los trabajadores de la Cadena Capriles, ocurridas en 2009, serán denunciadas ante las Naciones Unidas por la denegación de justicia que ha habido en Venezuela.
Al encuentro organizado por el Observatorio Venezolano de Prisiones también acudieron familiares de los reclusos de la cárcel de Uribana. Humberto Prado, director de la ONG, dijo que la muerte de 48 prisioneros, supuestamente víctimas de intoxicación, constituye una evidencia más de la indolencia del Estado frente a la crisis penitenciaria.
En el acto se condecoró con la medalla Rómulo Gallegos, en su primera edición, a los panelistas y a la jueza Afiuni, como un reconocimiento a su labor en la promoción y defensa de los Derechos Humanos. Los familiares de las víctimas de Uribana hicieron las entregas.