Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional emitió un comunicado en el que rechaza las palabras formuladas por el presidente de la Asamblea Nacional Disodado Cabello contra la defensora de derechos humanos y Presidente de esta organización, acusándola de hechos falsos, algunos de carácter delictivo, expresados a través del canal estatal Venezolana de Televisión, por medio del Programa “Con el Mazo Dando”, emitido el día de ayer 17 de diciembre de 2014.
Recalca el comunicado que “estos hechos se inscriben en el discurso de odio y hostigamiento permanente del cual ha sido objeto Rocío San Miguel por parte de funcionarios del Estado venezolano incluido el efectuado por el ciudadano Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, quien el día 25 de marzo de 2014, realizó graves acusaciones en su contra a través del canal estatal Venezolana de Televisión y el circuito de medios de comunicación del Estado”.
COMUNICADO
SOLICITAN A CABELLO CONSIGNE PRUEBAS CONTRA DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
Rechazamos las graves acusaciones emitidas por el Presidente de la Asamblea Nacional en contra de Defensores de Derechos Humanos en Venezuela
Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional rechaza las palabras formuladas por el ciudadano Presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Disodado Cabello Rondón contra la defensora de derechos humanos y Presidente de esta organización, acusándola de hechos falsos, algunos de carácter delictivo, expresados a través del canal estatal Venezolana de Televisión, por medio del Programa “Con el Mazo Dando”, emitido el día de ayer 17 de diciembre de 2014. (Video al final de la nota)
Estos hechos se inscriben en el discurso de odio y hostigamiento permanente del cual ha sido objeto Rocío San Miguel por parte de funcionarios del Estado venezolano incluido el efectuado por el ciudadano Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, quien el día 25 de marzo de 2014, realizó graves acusaciones en su contra a través del canal estatal Venezolana de Televisión y el circuito de medios de comunicación del Estado.
Control Ciudadano, hace del conocimiento público que Rocio San Miguel y su menor hija, cuentan con medidas de protección cautelar dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Medida número MC-349) en fecha 18 de enero de 2012, que no han sido cumplidas por el Estado venezolano, así mismo que solicitará a la Fiscal General de la República remita conforme a la ley cuestionario al ciudadano Presidente de la Asamblea Nacional, para que informe al Ministerio Público, las pruebas y los elementos de tiempo, modo y lugar en las que basa las acusaciones en su contra, con el objeto de que la Fiscalía General garantice: El derecho a la justicia y tutela judicial efectiva, el derecho al debido proceso en actuaciones judiciales y administrativas, el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a ser oído en cualquier clase de proceso, el derecho a ser juzgada por jueces naturales, el derecho de petición ante cualquier autoridad y a obtener oportuna respuesta, el derecho de réplica y rectificación, el derecho al honor y el derecho a la participación en asuntos públicos, previstos en los artículos 26, 49, 51, 58, 60, 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Rocio San Miguel por su labor como defensora de Derechos Humanos desde el año 2008, ha sido objeto de intento de asesinato y secuestro. Su hija ha sido objeto de amenazas de muerte. Personas no identificadas han ingresado a su domicilio. Sus cuentas de correo electrónico y twitter han sido hackeadas, entre otros graves hechos que tienen en común el haber sido debidamente denunciados ante el Ministerio Publico formalmente y por escrito, sin que haya podido adelantarse investigación por parte del Estado para el esclarecimiento de los mismos y la detención de los culpables, permaneciendo hasta la fecha impunes.
Finalmente Control Ciudadano recuerda al Estado venezolano, especialmente al Presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello Rondón, el deber que tienen sus autoridades de respetar, apoyar y proteger el trabajo de los defensores de derechos humanos