Militarización y salarios devaluados signan un año de bajo protagonismo de los movimientos laborales

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La procedencia civil de Nicolás Maduro y su experiencia en la dirigencia sindical del metro de Caracas suponían, al inicio de este año, que el mandato del heredero político de Hugo Chávez podía entrever un mayor diálogo social y reducir la militarización de la sociedad. Ninguna de estas expectativas se cumplió y, por el contrario, el sector laboral en Guayana vivió un inédito proceso de descomposición institucional, publica Correo del Caroní.

Por primera vez en 50 años de Guayana el sector laboral quedó en segundo plano ante las manifestaciones estudiantiles que comenzaron en febrero en todo el país, con fuerte acento en Bolívar, uno de los estados con mayor número de detenidos y heridos.

6,6 salarios mínimos se requieren para cubrir la Canasta Básica Familiar, calcula el Centro de Documentación y Análisis de la Federación de Maestros (Cendas).

75,7% de los hogares de San Félix no pueden adquirir la cesta de alimentos familiar, ya que reciben ingresos inferiores a la canasta alimentaria de la zona, que en julio se ubicó en 12.097 bolívares, de acuerdo con el estudio más reciente del Centro de Investigaciones para la Educación, la Productividad y la Vida (Ciepv) sobre la pobreza.

En el primer trimestre de 2014, el movimiento laboral quedó relegado de la agenda nacional, pese a que comenzaban las tensiones por la discusión de los contratos colectivos y reclamo de pasivos laborales en las empresas básicas.

Las tensiones políticas en el país, sin embargo, favorecieron algunos ámbitos de acuerdos que dieron pie al recibimiento de la Misión de Alto Nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y en lo sucesivo a un acercamiento tímido entre el movimiento de trabajadores y el Ejecutivo nacional.

Y aunque los frutos del diálogo entre el Gobierno y la oposición no arrojó los resultados de pacificación y acuerdo social, en lo laboral abrió la ventana para la revisión de algunos casos de medidas de régimen de presentación impuestas a trabajadores que, a posteriori, fueron flexibilizados como el expediente de Transporte Camila donde 14 trabajadores, entre ellos tres sidoristas, que esperan juicio desde hace siete años.

En general, la política de criminalización de la protesta se mantuvo incólume durante todo el año, que cerró con las detenciones a tres trabajadores de Sidor acusados de tráfico de armas y asociación para delinquir justo tres días después de que el Gobierno terminara a la fuerza la última huelga en la estatal.

Los espacios de diálogo sólo fueron concedidos acorde a la voluntad del funcionario de turno y, en ese sentido, se destacó los esfuerzos del ahora expresidente de la Corporación de Guayana (CVG), Carlos Osorio, en solventar la conflictividad en el sector aluminio al firmar las convenciones colectivas, al definir el pago de pasivos y al abrir un espacio de encuentro para la discusión del futuro productivo de la región.

Empero, el acento militarista quedó al descubierto con el caso Sidor, quizá el más relevante de 2014 por el período que ocupó en protestas, temores de una privatización, nuevos episodios de represión y descalificaciones a la dirigencia sindical.
Mientras en el sector aluminio, el Gobierno se ocupó de cumplir con los pagos acordados en el último trimestre de 2013, el caso Sidor dejó al descubierto la reticencia del Ejecutivo a la crítica cuando los trabajadores comenzaron a cuestionar los índices de productividad y el fracaso administrativo de las gerencias de turno.

La manifestación de los sidoristas obligó el traslado del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y al alto Gobierno que -por primera vez en 15 años de la “revolución”- se atrevió a cuestionar al movimiento sindical al calificarlos de “mafias” y hacerlos responsables de la baja productividad de la acería.