Este 6 de enero se cumple un año del terrible crimen contra Mónica Spear y Thomas Berry que impactó de forma mediática el país y que dejó abierto un precedente sobre el escaso valor que tiene la vida en cualquier calle venezolana y sobre la impunidad conveniente que continúa administrando justicia desde un despacho público, indiferente aún a las secuelas de dolor y luto que van quedando desparramadas.
El alcalde de Puerto Cabello, Rafael Lacava, informó en esa oportunidad que la banda que mató a la pareja e hirió a su hija de cinco años era bastante conocida y operaba con frecuencia en el sector.
Muchas declaraciones como estas y muchas otras de funcionarios en cargos importantes rayaron el cinismo y el caradurismo al demostrar que el homicidio tiene libre tránsito por el país, casi como si estuviéramos al tanto de su situación de agremiados o como si portaran carnet y vida social común con las autoridades, incluso si formaban parte de las estadísticas de crecimiento de empleo del INE, ya que prácticamente el sector de mayor crecimiento en el país resulta ser el malandraje por encima de maestros, médicos, mecánicos, comerciantes, agricultores o profesionales de cualquier otra área.
Eso sí, tenían apoyo porque hasta la policía asume que cuentan con “garitas de vigilancia” y colocaban abiertamente obstáculos en las vías, llamados “miguelitos”, para obligar a los conductores a parar, luego que sus carros sufrieran algún desperfecto.
Nadie sabe que es peor, si el ensañamiento y la crueldad común del hamponato que gobierna cualquier espacio de nuestra geografía nacional o la apatía de nuestros cuerpos de seguridad ante el acecho de la muerte en las calles, por sujetos que vagan armados a plena luz del día a la caza de víctimas, de una forma incluso obvia, dueños a su vez de un gran mercado negro de artículos robados que permite su auge y crecimiento. Este gobierno cerró más de 5 mil empresas productivas en 16 años de revolución, pero luce macilenta para atacar este mercado negro.
Spear solo fue el epílogo de las 25 mil víctimas de la violencia que batieron récord en Latinoamérica en el 2013 y el prólogo de las otras 25 mil que serían sorprendidos por una mala hora que los alcanzó este año que recién culmina y que incluyó a un alcalde, un concejal revolucionario y un diputado radical del chavismo.
Son casi 50 mil muertes que no pueden olvidarse, llenas de odio y violencia, a las espaldas del presidente Maduro y su inepto proceder en materia de seguridad en poco más de dos años de una gestión de luto permanente. Por el contrario su gobierno parece sacarle réditos a este constante clima de sosiego y angustia sostenida.
Ni siquiera la tasa que arrojó los primeros cuatro meses del 2014 lo pusieron en alerta: 17 asesinatos por cada 100 mil habitantes, 4.680 homicidios entre enero y abril. Solo Rodríguez Torres en su paso como ministro de interior y justicia se atrevió a asegurar que durante su paso los homicidios bajaron 17 % y los secuestros 51%, luego de su destitución a nadie le importó lavarle la cara a un gobierno que no ha podido negar su alianza macabra con colectivos de terror y grupos armados. Somos el segundo país con mayor tasa de asesinatos en el mundo entero. El Observatorio Venezolano de la Violencia alegó que durante el 2014 fueron cometidos 24.980 homicidios en Venezuela. Nuestro problema es económico y de muerte rápida
Lo peor viene después de muerto. Al venezolano lo aborda otra enfermedad cancerígena desde la apatía política, y es que no hay voluntad que pueda resolver un caso policial sin que este se pudra con la politización de la víctima y sus dolientes. Es un limbo que nos supera y que no permite el descanso de ninguna alma.
No solo es la cola, la escasez y la estanflación, la inseguridad mantiene secuestrada más que ninguna otra cosa la cotidianidad de los venezolanos y nadie se apiada de esto. Nos tocará a nosotros mismos liberarnos de tanta crueldad.
@damasojimenez