Un balance sobre los asesinatos de Estado cometidos durante el 2014 en el estado Táchira y que permanecen impunes, realizó el día de ayer el diputado a la Asamblea Nacional y defensor de los derechos humanos, Walter Márquez, quien exhortó al nuevo Defensor del Pueblo en el país, Tarek William Saab para que reabra estas averiguaciones, a fin de que no queden impunes.
Recordó el crimen cometido contra el profesor de deporte Yofre Orejuela Madero, quien fue asesinado por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana –GNB- la madrugada del 30 de noviembre del año pasado, en la población de Boca de Grita, lo cual generó una fuerte reacción por parte de los pobladores de esa ciudad fronteriza y de los habitantes de Orope, quienes paralizaron el tránsito hacia Colombia y la ciudad de Maracaibo durante varios días.
“El Comandante de la Redi Táchira ordenó que el caso fuera ventilado por los tribunales militares, lo cual es insólito porque la ley penal militar, la jurisprudencia y doctrina del Tribunal Supremo de Justicia y la propia Constitución de la República establecen, que los delitos penales ordinarios y los delitos por las graves violaciones a los derechos humanos deben ser tramitados por tribunales penales ordinarios”, señaló.
Denunció Márquez que la familia Orejuela Madero tiene más de un mes tratando de hacerse parte en la investigación, pero el juez militar de La Fría les ha negado el derecho al expediente, así como las autoridades de la notaría les han colocado obstáculos para la firma del poder. “Hay un axioma de criminalística que señala: tiempo que pasa la verdad que huye y ha pasado más de un mes de ese asesinato de Estado y los responsables de este crimen siguen en libertad”, agregó.
El legislador por el Táchira resaltó que también siguen en libertad los responsables de la “masacre de La Fría”, donde murieron cuatro personas en el mes de mayo de 2014. Recordó que a pesar de que el Ministro de Interior, Justicia y Paz de aquel momento, Miguel Rodríguez Torres, trató de presentar el hecho como un enfrentamiento con grupos delincuenciales, fue comprobado que partieron de un error de inteligencia y cometieron una ejecución extrajudicial de cuatro ciudadanos inocentes y la detención arbitraria de seis personas. “Los policías nacionales bolivarianos responsables de este crimen de Estado siguen en libertad”, afirmó.
Walter Márquez indicó que la situación se repite con el crimen del joven estudiante y deportista Leomer Tapias en la localidad de Las Mesas durante el mes de septiembre del pasado año, a cargo de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas –Cicpc-. “A pesar de que hay evidencias, pruebas contundentes de que fue un asesinato cometido por organismos de seguridad del Estado siguen en libertad”, destacó.
Finalmente el legislador tachirense destacó que existe un peloteo por parte de los organismos a los que les corresponde investigar estos hechos, como el juez militar de la Fría que usurpando jurisdicción penal tiene paralizado el caso del docente de educación física Yofre Orejuela, por lo que insistió en la obligación de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía del Ministerio Público, de retomar estos casos y ordenar detener a los culpables de estos reprochables crímenes que han conmocionado a la zona norte del Táchira. Prensa Walter Márquez