Tercerizados de Sidor y Ferrominera Orinoco reclaman pago de “deuda social”

NPG
NPG

Tercerizados activos e inactivos de Sidor y Ferrominera Orinoco se mantienen en las afueras de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en Alta Vista. Sostienen que hasta tanto no reciban una respuesta favorable a sus peticiones, seguirán en el sitio. Están cansados de esperar, sin embargo, guardan la creencia de que la directiva de Casa Matriz cumplirá el decreto hecho por el presidente fallecido Chávez de eliminar la tercerización. Jossie Naim Malavé/ Nueva Prensa Guayana

Ingresar a la nómina fija de las empresas que representan es la solicitud. Desde el 7 de este mes se mantienen en vela al frente de la institución pública, y el viernes fueron atendidos por un representante de la CVG, sin que esto signifique un avance en el proceso. Uno de los voceros de Sidor, Joram Espinel, explicó que esperan la llegada de una comisión del Ministerio del Trabajo y también del Ministerio de Industrias.

Por su parte, José Uban, vocero de los tercerizados de Ferrominera Orinoco en Ciudad Piar, puntualizó que son 85 ex trabajadores que quedaron excluidos de un total de 500 tercerizados. “En un principio aguantamos la pela porque nos dijeron que la empresa no tenía recursos. Pero ahora vemos cómo abrieron la mina Altamira e ingresaron a 70 personas, y lo mismo va a suceder en la mina del Cerro Bolívar”, afirmó.

Aseguró que han acudido a todas las instancias gubernamentales con competencias, pero la respuesta ha sido la misma: ninguna. “Han jugado a nuestro desgaste”, aseveró, a lo que agregó que como padres y madres de familia cometen sacrificios “titánicos” para mantener la lucha por un puesto fijo.

Otro nivel

113 tercerizados de CVG Alcasa, más 116 activos, y 18 viudas de la empresa, forman parte de un cronograma de ingreso, junto a 6 tercerizados de Ferrominera, 53 de Venprecar y 38 de Sidor. Hace un poco más de tres meses que entregaron toda la documentación pertinente ante el Ministerio del Trabajo, y aún se mantienen a la espera de una respuesta gubernamental.

Víctor Sánchez, vocero del grupo, reiteró que esperan la llegada de la comisión desde el 7 de enero. Como son años de espera y desasosiego, recalcó: “Necesitamos respuestas. El hambre y la necesidad tienen un límite”. Advirtió que se sienten “presionados” a tomar acciones de calle para reclamar sus derechos como conexos inherentes documentados.

También denunció algunas irregularidades cometidas en la empresa, como el despido de 52 contratados que operaban en el área de incorporación de celdas. Y en el caso de Venprecar, manifestó que han sido objeto de acoso laboral para “obligarlos a desistir de su lucha por el ingreso”.